La justicia brasileña abre un cuarto proceso contra Lula por corrupción

Un juez brasileño aceptó hoy abrir un nuevo juicio contra Luiz Inácio Lula da Silva, el cuarto en el que el expresidente es procesado, tras ser acusado por la Fiscalía de tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Un juez brasileño aceptó hoy abrir un nuevo juicio contra Luiz Inácio Lula da Silva, el cuarto en el que el expresidente es procesado, tras ser acusado por la Fiscalía de tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación para delinquir.

La denuncia de la Fiscalía fue admitida por el juez décimo federal de Brasilia, Vallinsney Souza Oliveira, quien también aceptó las acusaciones contra uno de los hijos del exjefe de Estado, Luiz Claudio Lula da Silva, informó este viernes su despacho.

La denuncia es fruto de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de la conocida "Operación Zelotes", que desde 2015 investiga supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.

De acuerdo con la Fiscalía, Lula, cuando ya había dejado la Presidencia, intercedió ante su ahijada y sucesora, Dilma Rousseff, para que el Gobierno prorrogara un incentivo fiscal que favorecía a las empresas fabricantes de vehículos.

A cambio de ese favor, dos consultores contratados por la industria automovilística depositaron unos 706.000 euros en una cuenta bancaria del hijo del expresidente, según la acusación.

"La Fiscalía sostiene que la promesa de interferir en el Gobierno realizada por parte del expresidente Lula benefició a su hijo, Luiz Cláudio", según la denuncia admitida hoy por la Justicia.

Lula también fue acusado en la misma denuncia de interceder para que el Gobierno declarara a la empresa sueca Saab vencedora de la licitación abierta para la compra de 36 cazabombarderos.

"Ni el expresidente Lula ni su hijo participaron o tuvieron algún conocimiento de cualquier acto relacionado con la compra de aviones caza de la empresa sueca Saab, tampoco de la prórroga de beneficios fiscales"a la industria automovilística, afirmaron los abogados del expresidente, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, en un comunicado que divulgaron la semana pasada, cuando la Fiscalía presentó la denuncia.

De acuerdo con los abogados, las acusaciones contra Lula "ponen en tela de juicio a las Fuerzas Armadas Brasileñas", responsables de la elección de Saab, y "atacan"a todo el Parlamento, que prorrogó los incentivos a la industria automotriz.

La situación judicial de Lula, el presidente más popular de la historia de Brasil, se ha complicado los últimos meses ya que es investigado en diferentes procesos y hasta ahora cuatro jueces han aceptado abrirle proceso.

En dos de los procesos anteriores es acusado de corrupción y en el tercero de intentar silenciar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red de corrupción que asaltó la petrolera estatal Petrobras.

Uno de los procesos por corrupción fue abierto precisamente por el juez Sergio Moro, responsable de la investigación de los millonarios desvíos en la Petrobras, después de que la Fiscalía acusara al expresidente de haber recibido favores de la constructora OAS a cambio de favorecerla en contratos con la petrolera.

El jueves, además, la fiscalía responsable de la investigación de los desvíos en Petrobras presentó una nueva denuncia contra Lula, igualmente por corrupción, tras acusarle de favorecer a la constructora Odebrecht en contratos con la petrolera estatal.

De acuerdo con la nueva denuncia de la Fiscalía, Odebrecht pagó coimas por 75 millones de reales (21,6 millones de euros) a cambio de adjudicarse ocho contratos con Petrobras y tales recursos incluyeron un terreno en el que sería construida la sede del Instituto Lula, entidad dirigida por el expresidente.

En una nueva estrategia de su defensa, Lula presentó ayer una denuncia contra el fiscal responsable de las investigaciones del caso Petrobras, Deltan Dallagnol, de quien exige una indemnización de un millón de reales (unos 280.000 euros) por supuestos daños morales.

El exjefe de Estado alega en su denuncia que el fiscal perjudicó su honra y su imagen al presentarle en una rueda de prensa en septiembre pasado como el jefe de la red de corrupción que asaltó Petrobras.

Efe