La lacra de la corrupción cuesta a Europa 120.000 millones anuales

BRUSELAS-La corrupción cuesta a la economía de la Unión Europea unos 120.000 millones de euros al año y es una lacra de la que no se libra ninguno de los Estados miembros, aunque la percepción de los ciudadanos varía, según las conclusiones del primer informe sobre la lucha contra la corrupción publicado ayer por la Comisión Europea. «La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, afecta a la economía europea y priva a los Estados de los tan necesarios ingresos por impuestos», aseguró la comisaría de Interior, Cecilia Malmström, en rueda de prensa. De hecho, el informe destaca que los Estados miembros han hecho mucho en los últimos años para combatir la corrupción, pero «aún no es suficiente», pues los resultados son desiguales y debe hacerse más para prevenir y castigar la malversación de fondos públicos. La publicación del estudio se ha retrasado un par de meses y algunos socios han expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión en los asuntos internos. Y es que el informe se acompaña de un Eurobarómetro que revela que Grecia, Italia, Lituania, República Checa y España son los países en los que sus ciudadanos tienen más sensación de corrupción, con niveles por encima del 95%. En el otro extremo, en Dinamarca, se ven las cosas de otro modo y el 75% de la población ve este fenómeno como algo excepcional, el 64% en Finlandia y el 54% en Suecia.

La media revela que el 76% de los europeos cree que la corrupción es un mal extendido y el 56% considera que el nivel de corrupción en su país se ha incrementado en los últimos tres años. Pero únicamente un 8% de los europeos asegura haber vivido o sido testigo de casos de corrupción el año pasado. El informe muestra que la contratación pública es particularmente propensa a la corrupción debido a los deficientes mecanismos de control y administración de riesgos, y existen algunas deficiencias en la supervisión de las empresas estatales, que acrecientan su vulnerabilidad. Los sectores concretos como el desarrollo urbano y la construcción, la sanidad y la gestión de impuestos parecen particularmente propensos a estos comportamientos irregulares.

El informe muestra que la naturaleza y el nivel de corrupción, así como la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla, varían de un Estado a otro. También pone de manifiesto que la corrupción merece mayor atención en todos los países y expone diferentes recetas. Así se refiere al uso de medidas preventivas, por ejemplo, a la aprobación de normas éticas, medidas de sensibilización, fácil acceso a la información de interés público, etc. También reclama mecanismos de control externo e interno, normas sobre los conflictos de intereses y mecanismos de control de las declaraciones de conflicto de intereses, que tilda de «a menudo insuficientes». De hecho, la Comisión destaca que «raramente se sancionan, y con poco rigor, las vulneraciones de las normas». En este sentido, la eficacia de la acción penal en la investigación de la corrupción varía considerablemente entre los países de la UE.

El Derecho Penal, que tipifica la corrupción como delito, está extensamente implantado y cumple las normas del Consejo de Europa, la ONU y la legislación de la UE, pero la decisión marco de la Unión ha sido transpuesta por los Estados miembros al derecho nacional de manera desigual. Asimismo, Bruselas lamenta que faltan estadísticas generales sobre los delitos de corrupción en la mayoría de los Estados miembros, lo que dificulta la comparación y evaluación. «Las normas procesales, incluidas las normas sobre el levantamiento de la inmunidad de los políticos, obstruyen la investigación de los casos de corrupción en algunos Estados», indica además el informe.

Por otra parte, Bruselas cree que la integridad en la política sigue siendo una asignatura para muchos países. Escasean o son de corto alcance, por ejemplo, los códigos de conducta de los partidos políticos o asambleas elegidas a nivel central o local, y aunque muchos Estados miembros como España han adoptado medidas más rigurosas sobre la financiación de los partidos, sigue habiendo «considerables deficiencias». «Raramente se imponen en la UE sanciones disuasorias de la financiación ilegal de los partidos», agrega.

Las recomendaciones de Bruselas

1.- Centralizar toda la información sobre prácticas corruptas, elaborar políticas anticorrupción en las administraciones central, regional y local y desarrollar medidas específicas para los sectores más sometidos a las irregularidades.

2.- Impulsar códigos éticos para los cargos electos y para los partidos y dar más competencia a la Oficina de Conflictos de Intereses para verificar con independencia incompatibilidades y los datos de patrimonio de políticos.

3.- Evaluar de forma independiente los grandes contratos de obras públicas y aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas para llevar a cabo controles sistemáticos de los contratos públicos.

4.- Fortalecer los programas de concienciación para detectar la corrupción y formar a los fiscales y demás personal jurídico, así como aumentar la coordinación entre las autoridades encargadas de la contratación pública.

5.- Asegurar la aplicación de sanciones disuasivas cuando haya corrupción en cargos públicos y reforzar los mecanismos de control para que se puedan anular contratos cuando se hayan descubierto prácticas corruptas.