La UE aprueba un acuerdo político para reformar la Oficina contra el Fraude

OLAF fue creada en 1999 para acelerar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

El principal objetivo de la reforma es incrementar la eficiencia de las investigaciones de la oficina europea, fortalecer la cooperación entre la agencia y las autoridades competentes en los Estados miembros y países terceros, y aumentar la rendición de cuentas de OLAF, informó el Consejo de ministros de Economía (Ecofin) en un comunicado.

En cuanto a la eficiencia, las labores y los deberes del director general de la oficina y de la comisión de supervisión, así como los nombramientos, tienen que ser claramente definidos en cuanto a su alcance y su actuación.

Para reforzar la independencia de OLAF, su director será nombrado en el futuro por un periodo de siete años no renovables.

Si la oficina no logra cerrar una investigación en un plazo de doce meses el director general tiene que informar a la comisión de supervisión cada seis meses sobre las razones y las medidas que se han tomado para remediar el bloqueo.

A partir de ahora, OLAF podrá tener en las fases previas a una investigación acceso a información, de manera inmediata y sin anunciarlo previamente, que está en manos de instituciones, órganos, oficinas o agencias si hay razones para abrir un expediente.

Las nuevas normas prevén además un intercambio más efectivo y con mayor prontitud y una obligación de información clara durante varias fases de las investigaciones con las autoridades nacionales competentes.

Los estados miembros tendrán que identificar una autoridad que se encargue de coordinar la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude y dar la asistencia necesaria a OLAF, a la que tendrán que informar del seguimiento de las recomendaciones que emita el director general.

Por su parte, la oficina tendrá la posibilidad de entrar en acuerdos administrativos con Europol y Eurojust, países terceros y organizaciones internacionales.

En cuanto a la rendición de cuentas, las nuevas reglas establecen que cada persona afectada por una investigación tendrá el derecho de pronunciarse antes de que se elaboren unas conclusiones que le mencionen con nombre y apellido.

Podrá exigir la asistencia de una persona durante una entrevista y utilizar cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, así como tener acceso a la transcripción de la conversación y añadir observaciones.

La comisión de supervisión seguirá garantizando la independencia de OLAF, pero ahora también se encargará de velar por la aplicación de las garantías de procedimiento y los nombramientos, que se producirán de manera rotatoria, y se limitarán a un único mandato de cinco años.