No podrá ser utilizado para ayudar a países en crisis, como pretendían Francia y la Comisión.

La zona euro termina este año casi como lo comenzó: en una continua terapia de grupo sobre su futuro y los mecanismos para mejorar su gobernanza. Los avances son escasos, casi a trompicones, pero al menos el debate continúa. Para algunos países esto ya es un pequeño triunfo, ya que la gran esperanza del proyecto de integración europeo, Emmanuel Macron, llegó a la última cumbre del año en horas bajas. Con las calles incendiadas y el temor de que durante este fin de semana las protestas de los «chalecos amarillos» continúen. Precisamente el ímpetu reformista del joven presidente francés era una de las condiciones sine qua non para que Alemania y los halcones del norte –conocidos por su ortodoxia fiscal– avanzasen en pos de mecanismos de solidaridad de la zona euro. Un presidente francés débil no es una buena noticia para los países que comparten la divisa común.

Los avances son tímidos. Hay acuerdo para reforzar el fondo de rescate permanente (MEDE) con el fin de que ostente funciones supervisoras. También se pretende que este mismo organismo actúe como red de seguridad en caso de que sea necesario que el fondo de resolución bancaria salga al rescate de una entidad financiera considerada sistémica. Un acuerdo de mínimos tras años de debate. Como éxito pírrico para París, la iniciativa de un fondo común para la eurozona sigue viva. Con todas las prevenciones posibles, todos los miedos y todas las imprecisiones.

Según el texto de conclusiones, los líderes europeos acuerdan un mandato al Eurogrupo ( países de la zona euro) «para trabajar en el diseño, modalidades, puesta en marcha y plazos de este instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad para los países de la zona euro». Aunque parezca una redacción insípida sólo apta para iniciados, el texto contiene una importante ausencia. Se renuncia a que este fondo –una partida dentro de los presupuestos europeos– tenga funciones de estabilidad, el deseo inicial de Francia y también del ejecutivo comunitario.

París y Bruselas pretendían que este fondo sirviera para salir al auxilio de aquellos países en crisis con el objetivo de mantener la inversión y no crear espirales peligrosas, aunque la idea inicial era que esto estuviera supeditado al cumplimiento de las reglas fiscales europeas para no crear incentivos perversos. Pero los países del norte liderados por Países Bajos han vetado esta función, por lo que el debate –si bien continúa– queda acotado en unos límites muy precisos y muy poco ambiciosos. España defiende que este fondo también pueda usarse para completar los seguros de paro en caso de que se registre un desempleo masivo en un país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro ayer al término de la cumbre que lo aprobado es «insuficiente» y aprovechó para mostrar sus deseos de que este fondo pueda utilizarse también con el propósito de hacer frente a las crisis económicas. «No nos damos por satisfechos, así lo he hecho saber al resto de colegas», aseguró, aunque también señaló como punto positivo que «por primera vez» se abre la puerta a la «puesta en marcha de un presupuesto para fomentar la competitividad y la convergencia». Entre los capítulos olvidados, la propuesta de la creación de un fondo de garantía de depósitos común en la zona euro que no aparece en el texto de conclusiones de los líderes europeos.