Los siete altos cargos acusados por EE UU de violar los Derechos Humanos en Venezuela

Estados Unidos anunció hoy la imposición de sanciones a siete altos cargos del Gobierno de Venezuela a los que acusa de estar vinculados con supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela y presuntos abusos en las protestas antigubernamentales de 2014.

Los siete sancionados, a los que el Gobierno de Washington ha congelado los bienes que puedan tener bajo su autoridad y prohibido la entrada a territorio estadounidense, son los siguientes:

- Antonio José Benavides Torres.

Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.

La Casa Blanca afirma que la GNB es una entidad cuyos miembros se han involucrado en actos destacados de violencia o conductas que "constituyen un abuso serio o violación de los Derechos Humanos", y en particular indica la "violencia física severa"que considera que emplearon en las protestas antigubernamentales de febrero de 2014.

- Gustavo Enrique González López.

Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), al que EEUU acusa de haber participado de forma directa o indirecta en actos represivos que, dice, constituyen un "abuso serio"o violación de los Derechos Humanos.

La Casa Blanca considera que, bajo su dirección, el SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones para reprimir a la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales.

- Justo José Noguera Pietri.

Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad estatal, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entidad a la que EEUU acusa de cometer abusos durante las protestas del pasado año.

- Katherine Nayarith Haringhton Padron.

Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela.

La fiscal, según Washington, ha acusado a varios miembros de la oposición, incluida la exlegisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, del delito de conspiración para dar un golpe de Estado basándose en "correos electrónicos fraudulentos", en opinión de EEUU.

- Manuel Eduardo Pérez Urdaneta.

Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, cuyos efectivos, señala EEUU, utilizaron "fuerza física severa"y dispararon munición real contra los manifestantes que participaron en las protestas del pasado año contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actos que -según EEUU- "constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos".

- Manuel Gregorio Bernal Martínez.

Jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), del que estaba al mando cuando el 12 de febrero de 2014 miembros de este cuerpo dispararon contra los manifestantes en las protestas y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.

- Miguel Alcides Vivas Landino.

Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y excomandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Estados Unidos le acusa de ser responsable o cómplice de participar directa o indirectamente en actos de violencia que constituyen un abuso serio o violación de los Derechos Humanos, incluidos los ocurridos contra los manifestantes de las marchas de 2014.