Maduro provoca a Santos con deportaciones masivas

Comienza a emerger el drama que se vive en áreas de la frontera entre Colombia y Venezuela como consecuencia del cierre unilateral de ésta por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Si las redadas de la Guardia Nacional venezolana el sábado en poblados fronterizos provocaron la huida de colombianos cargados con atillos e incluso electrodomésticos, el anuncio esta semana del líder bolivariano de que «la frontera va a seguir cerrada, digan lo que digan», ha aumentado la ansiedad de familias partidas en dos. El número de colombianos deportados no cesa de crecer y asciende ya a 1.071, entre ellos los padres de 34 menores de nacionalidad venezolana sobre los que ahora pesa la amenaza de que sean puestos bajo tutela del estado bolivariano.

En la región se intenta dilucidar las causas reales que provocaron el pasado miércoles la interrupción «hasta nuevo aviso» del tránsito de bienes y personas –más allá del ataque contra tres militares venezolanos, argumento esgrimido por Caracas–, así como la posterior imposición del estado de excepción en algunos municipios. «El cierre de la frontera por causas vinculadas al narcotráfico o el contrabando ya sucedió en el pasado, en crisis generadas por motivos más graves, pero no se suspendieron las garantías constitucionales», explica a LA RAZÓN la columnista y profesora venezolana Elsa Cardozo, que recuerda que la frontera «es muy rica y el paso de un lado a otro es muy común, por ser un área económica integrada».

«El cierre es una medida primitiva. Creo que se está utilizando el contrabando de bienes en la frontera para dar énfasis a la guerra económica de Maduro. Pero el argumento no resiste ningún análisis. Hay una intención de distracción para alterar la agenda regional ante otros temas acuciantes como la alta inflación o la escasez de alimentos», agrega esta experta en relaciones internacionales que ejerce en la Universidad Simón Bolívar.

Nadie pierde tampoco de vista que el 6 de diciembre hay convocadas elecciones parlamentarias en Venezuela y el Gobierno llega muy debilitado por la desastrosa situación de la economía y la inseguridad.

Mediación internacional

La colindancia de dos modelos económicos opuestos –el colombiano, marcadamente liberal y el venezolano, estatalista– ha intensificado el contrabando de productos. Llenar un camión cisterna de gasolina en la subsidiada Venezuela cuesta menos de diez euros, mientras del lado colombiano asciende a unos 23.000. Algo similar sucede con otros bienes venezolanos subvencionados como la leche, el papel higiénico o el azúcar, que son revendidos en el país vecino por hasta diez veces más.

En este escenario han proliferado criminales que ven en la reventa ilícita –el llamado «bachequeo»– un lucrativo negocio que supera en ocasiones las ganancias obtenidas por el narcotráfico. Caracas arguye que es precisamente esta situación –cuya magnitud no ha sido cuantificada, pero se cree que es alta, por los más de 2.200 kilómetros de frontera– lo que ha generado el desabastecimiento endémico de dos tercios de los productos considerados de primera necesidad. Los economistas, sin embargo, atribuyen la escasez de productos a las expropiaciones en curso desde la época de Hugo Chávez y al control de precios, que han paralizado la actividad económica.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se ofreció ayer a mediar para encontrar una solución a la crisis, mientras las ministras de Exteriores de Colombia y Venezuela se reunirán hoy para definir cómo se puede restablecer la normalidad. «Como se lo dije a los presidentes: Unasur está dispuesto a ayudar en la inaplazable solución de la crisis fronteriza cuando los gobiernos de Colombia y Venezuela lo consideren conveniente», aseguró el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper. Además, aseguró que «las deportaciones de colombianos desde Venezuela enrarecen el clima de opinión necesario para perseguir a los paramilitares colombianos que sí están traspasando las fronteras».

Bogotá ha jugado en todo momento la carta de la contención y la moderación, aunque ha exigido que Caracas respete los derechos de sus ciudadanos. Pero el histrionismo de Maduro el lunes –«se nos pudrió la frontera con Colombia», llegó a decir– invita a ser poco optimista a corto plazo.