México lleva los primeros soldados a la frontera

Trump da al vecino del sur 45 días para frenar las llegadas. Si no cumple, volverán a negociar.

México ha comenzado este miércoles a desplegar militares en la frontera sur, como parte del acuerdo que firmó con Estados Unidos para contener la migración. Un acuerdo con el que evitó que el presidente Donald Trump le impusiera elevados impuestos a los bienes mexicanos a cambio de importantes concesiones en materia migratoria.

Según la información a la que ha tenido acceso La Razón ya hay desplegados unos 2000 efectivos y en dos semanas se llegaría a la cifra acordada de 6000 elementos. El secretario de Exteriores Marcelo Ebrard había anunciado el martes en rueda de prensa que al día siguiente comenzaría el envío de tropas de la Guardia Nacional, un cuerpo de nueva creación al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fiado gran parte de su estrategia de seguridad y ahora también de contención migratoria.

Sin embargo, según los datos recabados por este diario los 2000 efectivos desplegadas hasta ahora pertenecen principalmente a la Policía Militar, según cuenta a La Razón Javier Oliva, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma. El grueso del operativo se encuentra en Tapachula, estado de Chiapas, ciudad por la que pasa gran parte del flujo migratorio procedente de Centroamérica, pero “el objetivo es extenderlo al resto de la franja fronteriza a medida que van llegando más militares”, apunta Oliva.

En esta ciudad, situada a unos 40 km de la frontera con Guatemala se reunieron el martes los Secretarios (Ministros) de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, todos ellos militares, para coordinar la operación. Según cuenta Oliva quien no asistió al encuentro fue el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, “cuya dependencia ha quedado marginada”, a pesar de que oficialmente está a cargo de la Guardia Nacional. Una prueba del papel dominante que va a jugar el Ejército en el control migratorio.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública han confirmado a este diario que la primera generación de la Guardia Nacional no se graduará hasta el próximo 30 de enero por lo que será imposible desplegarla antes de esa fecha. Esta dependencia envió desde el jueves pasado un refuerzo de 400 policías federales, un número menor, ya que cuenta con cerca de 40.000 agentes.

En la habitual conferencia mañanera del presidente López Obrador, el canciller Ebrard señaló este miércoles que “ya estamos en la fase de implementación del plan especial” que se desprende del acuerdo con Estados Unidos y mediante el cual México se compromete, además del refuerzo militar, a aumentar el control migratorio, a registrar con nombre y apellidos a quienes ingresen en México y a recibir a la totalidad de los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos mientras se resuelve su trámite. Todas ellas importantes concesiones.

Ebrard también anunció que México ha creado una “mesa permanente” con Honduras, El Salvador y Guatemala y que a lo largo del día hablará con los presidentes de las tres naciones para tratar el tema migratorio. Afirmó que se tratarán temas consulares, de protección de migrantes y de gestión fronteriza, “que es compleja”.

El acuerdo firmado con Trump le da a México 45 días para demostrar que puede contener la migración y reducir las cifras de personas que llegan a Estados Unidos, tema clave para el presidente republicano que en una semana lanza su campaña interna de cara a la reelección de 2020.

Sin embargo no se han fijado cifras y la satisfacción con el trabajo de México quedará al criterio único de Estados Unidos, aunque el canciller mexicano ha deslizado que tendrán éxito si consiguen presentar una gráfica decreciente de llegadas, que en mayo alcanzó un pico histórico de 144.000 migrantes.

Si pasado ese periodo Trump no está conforme, volverán a la mesa de negociación, volverá el fantasma de los aranceles y México lo tendrá muy difícil para no hacer una nueva concesión y aceptar el estatus de tercer país seguro, en un esquema similar al de Turquía con la Unión Europea en la crisis de refugiados, algo a lo que se viene resistiendo históricamente.