La oposición mantiene el pulso a Maduro antes de la consulta

Amplio seguimiento de la huelga general en todo el país. La Policía mata a un joven de 30 años y a un adolescente de 16 años.

Bajo una fuerte tensión, la oposición venezolana inició ayer una huelga de 48 horas para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección, el domingo, de una Asamblea Constituyente. El paro se inició a las seis de la mañana con bloqueos de calles en todo el país, lo que hace temer brotes de violencia, ya que la semana pasada otro anterior, de 24 horas, dejó cinco muertos en protestas hechas en las barricadas. Al cierre de esta edición se informaba de la detención de unas 50 personas en todo el país y de la muerte de un joven de 30 años durante una movilización convocada por la oposición en Mérida, supuestamente en un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según «El Nacional». El incidente tuvo lugar en la localidad de Ejido. El fallecido, identificado como Rafael Antonio Vergara, fue evacuado a un centro de salud de la zona pero llegó ya sin signos vitales. También acabó con la vida de un adolescente de 16 años en Caracas.

En vísperas de la huelga, muchos venezolanos acudieron a los supermercados y panaderías para abastecerse de alimentos, en tanto que miles volvieron a cruzar la frontera para comprar provisiones o directamente salir del país, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar estos días. El domingo se celebrará la polémica elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, convocada por Maduro para reformar la Carta Magna creada bajo el Gobierno de su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para mañana una gran marcha en Caracas, bajo la advertencia de que si Maduro insiste en la elección, boicoteará la votación. El fuerte rechazo a la Constituyente –según Datanálisis de más del 70%– intensificó aún más las protestas que comenzaron hace cuatro meses para exigir la salida de Maduro, y que ya dejan un centenar de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. El Gobierno de Maduro se enfrenta también al malestar de muchos venezolanos –el 80%, según esa encuestadora– por la profunda crisis económica en que cayó el país, donde la comida y las medicinas escasean y los precios suben todas las semanas. La oposición acusa al presidente de convertir a Venezuela en una dictadura y destruir su economía –caerá un 12% este año según el FMI–, pese a su riqueza petrolera, pero el mandatario sostiene que sus adversarios buscan derrocarlo con el apoyo de EE UU para afincar el neoliberalismo.

La patronal Fedecámaras exigió a Maduro no avanzar en su intención de «imponer» una Constituyente que traerá más «hambre» al país, en tanto que las principales centrales obreras anunciaron que se sumaban a la huelga. Sin embargo, el Gobierno controla la estratégica empresa petrolera Pdvsa, fuente del 96% de divisas del país, y el sector público, de más de tres millones de empleados. El chavismo comprobará que los beneficiarios de sus programas sociales participen en la elección, para lo cual deberán presentar en las urnas el «Carné de la Patria», que los acredita como tales, lo cual es denunciado por la oposición como un mecanismo de presión.

El opositor Henrique Capriles pidió a los empleados públicos no aceptar «más chantajes» del Gobierno. «Trabajadores públicos deben terminar de romper las cadenas». La oposición asegura que el paro de la semana pasada fue cumplido en un 85%, pero el Gobierno lo consideró un fracaso. Además, el régimen intensifica la represión. Ayer, en Maracaibo, funcionarios de la GNB golpearon y detuvieron al concejal de Voluntad Popular por el estado Zulia, Ángel Machado. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) dictó además una orden de 15 meses de prisión para el alcalde opositor Gustavo Marcano, después de que éste no acudiera a la audiencia que la corte celebró sobre su caso al no reconocer la legitimidad de los jueces de esta institución judicial.

Marcano es uno de los alcaldes opositores citados a audiencias públicas por el TSJ por permitir protestas callejeras contra el Gobierno en sus jurisdicciones. El procedimiento contra ellos incluía una medida de prohibición de salir del país. También el martes, el Supremo prohibió salir de Venezuela al alcalde opositor de Iribarren (estado de Lara) Alfredo Ramos, acusado de los mismos delitos que Marcano y que tampoco acudirá a la audiencia al no reconocer a los jueces. El TSJ ha sido acusado repetidamente de servir como brazo judicial de Nicolás Maduro.