En un centro de jardinería de Rosendaal, Países Bajos, se produjo un episodio que desafía las normas básicas de convivencia. Una clienta, tras recibir una negativa para acceder a los servicios sanitarios, protagonizó una reacción que dejó perplejos a empleados y compradores. El establecimiento había restringido el uso de los baños alegando que “un bromista los había bloqueado”, lo que provocó una respuesta drástica por parte de la mujer.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, sin tapujos, la clienta orinó en un cubo y lo arrojó bajo el mostrador principal, generando estupor entre los presentes. La reacción del centro fue inmediata pero discreta: limpiaron la zona con lejía y decidieron no involucrar a las autoridades. Los trabajadores confesaron estar “atónitos” y sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido.

Este incidente pone en evidencia un problema estructural que afecta a varios países europeos: la falta de regulaciones claras sobre el acceso público a instalaciones sanitarias. Organizaciones como la Toilet Alliance llevan tiempo reclamando normativas específicas, especialmente para grupos vulnerables como personas mayores, embarazadas o con condiciones médicas.

Estudios recientes revelan que más de la mitad de los encuestados ha sido rechazado al solicitar usar baños en establecimientos comerciales, incluso siendo clientes. Esta situación genera momentos de incomodidad extrema y puede derivar en escenarios humillantes. El problema no es exclusivo de los Países Bajos. En el Reino Unido, casos similares han obligado a cadenas como Tesco Express a modificar sus políticas tras incidentes que involucraron incluso a menores.