Rousseff dará la batalla contra el «impeachment»

La presidenta brasileña se siente «víctima de una gran injusticia» y promete luchar conta el «golpe de Estado» de la oposición.

Visiblemente cansada, pero serena, Dilma Rousseff evocó ayer su pasado como guerrillera torturada durante la dictadura para anunciar que luchará hasta el final por mantener su mandato. Lo hará, dijo, por el bien de la democracia brasileña. «Siempre luché por la democracia. Creo en ella y voy a continuar luchando por ella. En mi juventud enfrenté por convicción la dictadura y ahora también hago frente, por convicción, a un golpe de Estado», dijo la mandataria, en su primera reacción pública tras perder por más de dos tercios de los votos (367 frente a 137) la votación del proceso de «impeachment» en la Cámara Baja.

Acompañada por diputados de su Partido de los Trabajadores (PT) y de formaciones afines, Rousseff dijo en el Palacio del Planalto –sede de la Presidencia de Brasil– ante decenas de periodistas tener «ánimo, fuerza y coraje para enfrentar, a pesar del sentimiento de mucha tristeza, esa injusticia». De esta forma se refería a un juicio político que el Gobierno califica de jurídicamente insostenible.

«No se puede llamar ‘impeachment’ lo que es un intento de elección indirecta. Los que quieren acceder al poder no tienen votos para ello», reiteró la mandataria, en referencia al vicepresidente, Michel Temer. Repitió varias veces que es víctima de una «gran injusticia». En un tono ciertamente más moderado, no rechazó renunciar para que se celebren elecciones, y prometió un gran cambio en su Gobierno si logra sobrevivir a «la cuarta ronda de las elecciones», como calificó el juicio en el Senado.

La oposición, por su parte, trataba de aprovechar el viento de cola de la abultada victoria en el Congreso –que deja en la cuerda floja a la presidenta– para acelerar los plazos del juicio político en la Cámara Alta, la etapa crucial.

Los tiempos previstos en el reglamento del Parlamento señalan que la instauración del juicio político, que necesita el apoyo de una mayoría simple de los 81 senadores, cifra dada como segura, puede tardar cerca de dos semanas. Eso significaría que si 41 senadores votan a favor de que sea juzgada políticamente, Rousseff sería apartada del poder por un plazo de 180 días entre la primera y segunda semana de mayo. Pero el entorno del vicepresidente Temer –considerado como el gran «conspirador» por el Ejecutivo– presiona para que, como sucedió en la Cámara Baja, el Senado acelere el paso.

El aliado en el Senado

El hombre clave en ese proceso es el presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, aliado de Rousseff en los últimos años y, pese a formar parte del mismo partido que Temer (el centrista PMDB), se desmarca del «número dos» del Ejecutivo por el liderazgo en su formación. Calheiros es uno de los últimos cartuchos de los que dispone el Gobierno de Rousseff para ganar tiempo y no por casualidad ayer tuvo un encuentro con la presidenta en Planalto. «Seguimos adelante. Vamos a derrotar el golpe en el Senado», dijo ayer José Guimaraes, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso, tras reunirse durante la mañana con la presidenta.

A juzgar por lo que sucedió con la base aliada del Gobierno en el Congreso en la votación del «impeachment», cuando varios diputados –incluso ex ministros– que habían prometido apoyar a Rousseff la traicionaron, pocas son las posibilidades de que la presidenta logre mantenerse en el poder. La consultora política estadounidense Eurasia calculó en un 20% sus opciones de ganar en el Senado, mientras las encuestas de la prensa brasileña apuntan por unanimidad que la oposición tiene ya asegurados más de 41 senadores para abrir el juicio político. Para destituirla definitivamente, sin embargo, serán necesarios dos tercios de la Cámara Alta brasileña.

En cuanto a la creciente posibilidad de que el Partido de los Trabajadores pierda el poder después de trece años gobernando una de las mayores democracias del planeta, su dirección ejecutiva se reunió ayer para buscar estrategias. Hoy martes habrá una nueva reunión para hacer frente a la situación de emergencia.

En conversaciones entre bastidores se evocaba la posibilidad de que Rousseff acepte renunciar si, a cambio, el Legislativo acepta convocar elecciones generales en los próximos meses. Una circunstancia negada ayer por la presidenta durane su intervención televisiva. Un «harakiri» político que dejaría fuera de juego a Rousseff antes incluso de la mitad de su segundo mandato, pero que renovaría las posibilidades de victoria de la izquierda brasileña por medio de su gran figura histórica: Luiz Inacio Lula da Silva. El ex sindicalista sigue liderando las encuestas de intención de voto, pese a la erosión que ha sufrido su imagen por su vinculación a la «trama Petrobras».

A esa tesis de las elecciones se sumaba también Marina Silva, ex ministra de Lula y tercera candidata más votada en las dos últimas elecciones presidenciales. La ecologista pidió nuevos comicios. Una posibilidad remota, porque ello supondría que el vicepresidente renuncie junto a Rousseff –situación improbable en vísperas de que asuma la jefatura del Estado tras 30 años de carrera política en segundo plano–, o que el Tribunal Superior Electoral suspenda a la dupla Rousseff-Temer por financiación ilegal en la campaña de 2014. Para Marina Silva, que Temer asuma el poder no será suficiente «para resolver la grave crisis política, económica, social y ambiental» de Brasil, porque él también es uno de los grandes responsables de ella.