Pena de muerte
Singapur ahorca a un hombre por conspirar para traficar con 1 kg de cannabis
Las autoridades singapurenses ejecutan a Tangaraju Suppiah a pesar de las advertencias de la comunidad internacional
A pesar de las peticiones de clemencia de la familia, de activistas y de Naciones Unidas, las autoridades de Singapur ejecutaron el miércoles a Tangaraju Suppiah por su implicación en una conspiración para traficar con cannabis, alegando las debidas garantías procesales y la "eficacia" de las leyes antidroga del país.
El singapurense, de 46 años, fue condenado en 2017 por haber coordinado con otros dos individuos la importación de 1.017,9 gramos de cannabis al país en el año 2013. A pesar de que nunca tuvo contacto con la droga, se le condenó a morir en la horca después de que un juez dictaminara que estaba vinculado a través de dos números de teléfono pertenecientes a los supuestos cómplices.
Kokila Annamalai, activista de derechos humanos residente en la ciudad, publicó en un emotivo post que antes de morir y después de nueve años el hombre de origen indio pudo probar algunos de sus alimentos favoritos. "A estos presos que reciben un aviso de ejecución se les da una pequeña cantidad de dinero para que compren algún capricho a los demás condenados a muerte”, explicó Annamalai. Tangaraju utilizó su asignación para comprar hamburguesas de pescado, bocadillos de curry y refrescos para los demás condenados.
La legislación sobre estupefacientes del centro financiero es una de las más severas del mundo y contempla la pena capital para algunos delitos de narcotráfico. Sin ir más lejos, solo el año pasado el país ejecutó a 11 personas, todas ellas por delitos de drogas no violentos.
Se trata de uno de los pocos países de los que se tiene constancia que todavía ejecutan a personas por este tipo de crímenes, a pesar de que su vecino Malasia ha puesto fin recientemente a la aplicación obligatoria de pena letal por delitos graves, incluido el narcotráfico.
Tras conocerse la noticia de esta inevitable ejecución, varios activistas locales contrarios a la pena capital hicieron todo lo posible por evitarla y por dar a conocer aspectos preocupantes del caso, en un intento de que se detuviera su ahorcamiento. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas se unieron a la campaña, instando a las autoridades singapurenses a no llevar a cabo dicha práctica.
Sin embargo, en lugar de responder a la ONU o a los residentes que se batieron por salvar la vida de Tangaraju, el Ministerio del Interior se limitó a publicar un comunicado de prensa específicamente para rebatir un artículo publicado por el multimillonario británico Richard Branson, que ha sido en reiteradas ocasiones muy crítico con la pena de muerte en este país.
Esta semana, Branson escribió en su blog sobre la causa y argumentó que no merecía la muerte basándose en los hechos de su caso, y que estaban a punto de aniquilar a un hombre inocente. Este enumeró una serie de cuestiones que los activistas locales han destacado sobre el caso, como el hecho de que Tangaraju "en realidad no estaba ni cerca" de los 1.017,9 gramos de marihuana por los que se le condenó por conspirar para traficar. Que no se le proporcionó un intérprete tamil para sus declaraciones grabadas después de que él lo solicitara, y que además no contó con la presencia de un abogado durante su interrogatorio.
El subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, calificó la sentencia de "escandalosa e inaceptable" y añadió que esta" plantea serias preocupaciones de que se esté produciendo en el país asiatico un vaciado de su corredor de la muerte en un esfuerzo de disuasión equivocado que, en realidad, revela más sobre la barbarie de este país que sobre cualquier otra cosa".
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