Una familia de agricultores alemanes, propietaria de una extensa finca dedicada al cultivo de maíz, remolacha azucarera y cereales, se enfrenta a un proceso judicial tras intentar ampliar su vivienda en terreno rural. El proyecto, inicialmente aprobado por el municipio, fue paralizado por orden judicial luego de que la oficina del distrito detectara las obras durante una inspección, reabriendo el debate sobre la edificabilidad en zonas sin planificación urbanística.

El terreno, aunque catalogado como edificable, se encuentra en un área sin urbanizar. A pesar de contar con una vivienda familiar en el predio, las autoridades administrativas cuestionaron la necesidad y proporcionalidad de la ampliación emprendida por el heredero y actual administrador de la explotación.

El proyecto contemplaba dos viviendas: una planta baja de 180,21 m² y una planta alta de 203,91 m². La oficina del distrito consideró que la intervención era desmesurada y exigió su demolición, alegando que la nueva construcción no servía al negocio agrícola ni era significativa para el desempeño de las tareas propias de la finca.