Ulster: 20 años de paz amenazados por el Brexit

Era una tarde lluviosa. Los medios llevaban tres días haciendo guardia frente al castillo de Stormont. No había atisbo de movimiento. Pero entonces el senador estadounidense George Mitchell salió para dirigirse a las cámaras: «Me complace anunciar que se ha llegado a un acuerdo». El pacto firmado aquel 10 de abril de 1998 puso fin a un sangriento conflicto entre católicos y protestantes que en tres largas décadas dejó 3.500 víctimas mortales y miles de heridos. El acuerdo fue posible por la intermediación de Dublín y Washington y ayer algunos de sus protagonistas se reunieron en Belfast para conmemorar el 20º aniversario de una firma histórica.

No obstante, la situación en la provincia está lejos de ser idílica. En todo Irlanda del Norte aún existen un centenar de muros que separan los barrios de aquellos que quieren permanecer dentro de Reino Unido y aquellos que quieren una isla de Irlanda sin fronteras. Entre las dos comunidades aún existen tensiones, pero ya no hay bombas y los padres no tienen que preocuparse los sábados por que sus hijos regresen con vida a casa.

Las autoridades norirlandesas celebraron ayer diferentes actos de conmemoración. Sin embargo, el aniversario se vio empañado por la difícil situación política que atraviesa ahora la provincia y la amenaza del Brexit, donde la cuestión de la frontera con la República de Irlanda –la única terrestre que existirá con la UE una vez Reino Unido abandone el bloque comunitario– se ha convertido en el principal escollo en las negociaciones entre Londres y Bruselas.

En este sentido, el ex «premier» Tony Blair, presente ayer en los actos por haber jugado un papel fundamental para lograr la paz en la provincia, advierte de los peligros de la salida de la UE. «No digo que los acuerdos de paz no puedan sobrevivir al Brexit, pero creo que el Gobierno británico debería centrarse más en el impacto que tendrá el Brexit en Irlanda del Norte, y no sólo desde el punto de vista del comercio, sino especialmente en la cuestión tan sensible de la libertad de movimientos», precisó.

Tanto Londres como Bruselas coinciden en que no se puede volver a instaurar una «frontera dura» entre el norte y sur de la isla. Pero la promesa de la «premier» Theresa May para sacar a Reino Unido también de la unión aduanera dificulta las cosas. La líder «tory» se niega a que la provincia esté ligada a la normativa comunitaria y tiene hasta el mes de junio para ofrecer una propuesta realista, porque hasta la fecha todo han sido supuestos imposibles de llevar a cabo.

La mayoría del electorado norirlandés rechazó ese divorcio en el referéndum celebrado en mayo de 2016, a pesar de la campaña pro Brexit del DUP, principal partido unionista y socio ahora de May, quien necesita a los protestantes para poder gobernar, en minoría, tras haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones de junio de 2017.

Por otra parte, Irlanda del Norte atraviesa su propia crisis política al llevar más de un año sin Gobierno. La caída del Ejecutivo de coalición entre los católicos del Sinn Fein y los protestantes del DUP por un escándalo económico que involucraba a los unionistas provocó la convocatoria de unas nuevas elecciones anticipadas en las que los republicanos del Sinn Fein –antiguo brazo político del IRA– cosecharon un avance histórico que les dejó a tan sólo mil votos del DUP. Según el Acuerdo de Viernes Santo, las formaciones más votadas de católicos y protestantes deben gobernar en coalición, pero las negociaciones siguen atascadas por desacuerdos en asuntos de la identidad cultural. El hecho además de que el Gobierno de May dependa del apoyo del DUP no facilita las cosas en la provincia, porque los católicos consideran que Londres no es lo suficientemente neutral para mediar.

El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 obligó a las partes enfrentadas durante tres décadas a efectuar importantes concesiones, pero obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía de Irlanda del Norte y la República de Irlanda en los referendos celebrados en mayo de aquel año, con el 71% y el 95% de votos a favor, respectivamente.

Además del desarme del IRA y la amnistía de unos 500 paramilitares, los unionistas aceptaron la creación de organismos de cooperación norte-sur, lo que ha dado más voz al Gobierno de Dublín en los asuntos norirlandeses, al tiempo que se reformó la antigua Policía regional (RUC), integrada durante el conflicto casi exclusivamente por protestantes y considerada sectaria.

Asimismo, se introdujo «el principio de consentimiento», que establece que el estatus constitucional de Irlanda del Norte como parte de Reino Unido no cambiará a menos que así lo quiera la mayoría de su ciudadanía, lo que deja la puerta abierta a la reunificación de Irlanda en el futuro, una opción que sobrevuela desde entonces la isla.