Un Gobierno socialista maniatado por la ultraizquierda

Mientras en España el PSOE contempla formar un Ejecutivo con la izquierda radical, su partido hermano en Portugal está a punto de cumplir dos meses gobernando en condiciones similares. La situación que Pedro Sánchez señala como un ejemplo a seguir es un escenario precario en el que el Gobierno minoritario del socialista Antonio Costa intenta sobrevivir entre la espada de Bruselas y la pared representada por los dos partidos que le dan una mayoría parlamentaria.

Pese a haber indicios de una tímida mejora de la economía lusa –la Comisión Europea pronostica un crecimiento del 1,7% este año–, la demanda doméstica sigue afectada por los duros recortes de la crisis. El foco del conflicto entre Lisboa y Bruselas, sin embargo, es el gasto público y el pago de la deuda portuguesa que, tras alcanzar el 130,5% del PIB, es la tercera mayor de la UE, según Eurostat. Por un lado, las autoridades europeas exigen que el país mantenga el rumbo fijado por el anterior Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho, quien, a través de duros recortes, se centró en reducir el déficit. El Partido Socialista (PS) ha prometido honrar los compromisos de Portugal con el BCE, pero pide suavizar el ritmo. Sin embargo, desde la UE se niegan a modificar los plazos. Entretanto, a cambio de su continuado apoyo parlamentario, los diputados marxistas del Bloque de Izquierda (BI) y los del Partido Comunista (PCP) exigen que Costa promueva costosas medidas sociales. Al no formar parte del Gobierno, en cualquier momento podrían retirar su apoyo y hundir al Ejecutivo.

El pacto de izquierdas

El partido más votado de las elecciones legislativas del 4 de octubre fue el de Passos Coelho, pero se quedó a siete escaños de la mayoría absoluta. Unidos por su oposición a la austeridad, las fuerzas de izquierdas hicieron causa común para facilitar un Gobierno socialista a cambio de la promulgación de una serie de medidas sociales. Con este apoyo el líder socialista, derrotado en los comicios, se convirtió en primer ministro.

Hoy el Gobierno Costa vive atado por las «Posiciones Comunes» que firmó con el BI y el PCP. Gran parte de ellas tienen como objetivo ayudar al 11,7% del país que se encuentra en el paro, y otras se han creado para intentar incentivar el retorno de los más de 400.000 portugueses que partieron al extranjero en busca de trabajo desde 2012. Los documentos consagran, entre otras medidas, el compromiso de descongelar las pensiones, reducir el IVA de la restauración, reponer los salarios recortados de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. También pactó anular los procesos de privatización de los transportes de Lisboa y Oporto, reducir el horario laboral de los funcionarios y eliminar la sobretasa del 3,5% sobre el IRPF.

Pero las medidas tienen su coste. El aumento del salario mínimo, la eliminación parcial de la sobretasa y la actualización de las pensiones suponen un aumento del gasto de 173 millones de euros. Gastos a los que se suman los dos «rescates» que el Gobierno ha tenido que efectuar desde su toma de posesión, con inyecciones de capital masivas para los repentinamente colapsados Novo Banco y Banif.

Desde Bruselas nunca se vio la alianza de la izquierda con buenos ojos, y se ha mantenido la presión sobre el Ejecutivo para cumplir con los compromisos pactados. El nuevo ministro de Finanzas, Mario Centeno, aspiraba a implementar las ambiciosas medidas sociales y satisfacer a las autoridades europeas retrasando el ritmo de la reducción del déficit, limitando su reducción al 2,8% del PIB en 2016.

La Comisión se resiste a modificaciones y el viernes el Gobierno Costa entregó un borrador de presupuesto para este año reflejando esa posición, con déficit reducido al 2,6%, tal y como exigen las autoridades europeas. El mismo borrador fijó la reducción de la deuda al 126%, una bajada de 2,7 puntos porcentuales con respecto a 2015. Pese a todo, Centeno se muestra optimista e insiste en que «todo es negociable, esto sólo es un punto de partida», pero ya ha retrasado la aplicación de algunas de las medidas sociales pactadas. La bajada del IVA en la restauración ha quedado aplazada al verano, y a la vez que se presentaba el borrador se anunciaron nuevos impuestos sobre combustibles y tabaco.