Una niña pone a Hollande en apuros

A François Hollande no le sonríe la fortuna. Sus dos peores pesadillas se han acabado cumpliendo: un debate abierto en la sociedad sobre la inmigración –espinosa cuestión que crea división ideológica en la izquierda– y la calle en manos de los estudiantes. Y es que para un gobernante que se jacta de ser el «presidente de los jóvenes», cuando estos deciden protestar es una muy mala señal. Sobre todo porque, una vez desatada la movilización juvenil, la historia muestra que hacer volver las aguas a su cauce se antoja muy complicado.

El caso de Leonarda Dibrani, la joven gitana kosovar expulsada con su familia la pasada semana, no sólo ha puesto en una encrucijada a Hollande, sino que le tiene arrinconado. Y tener que elegir es la peor tesitura en la que el gobernante socialista, diestro en las artes del consenso y las medias tintas, puede encontrarse. A la izquierda de la izquierda, partidos como el de Jean Luc Mélenchon (Parti de Gauche) reclaman un giro en su política de inmigración, acabar con los métodos heredados del «sarkozysmo» y destituir al ministro del Interior. Pero Hollande no sólo carecería de argumentos para prescindir de Manuel Valls, el más popular de sus hombres, sino que en el fondo aprueba la firmeza con que el titular aplica su política.

De hecho, la investigación administrativa sobre las condiciones en que se produjo la expulsión de Leonarda, de 15 años, probablemente confirmará, según se ha adelantado, que jurídicamente la deportación es intachable, aunque se pudieron cometer errores en las formas, como enviar a la Policía en su busca en plena actividad escolar. En ese sentido, el Gobierno podría modificar la actual circular ministerial para precisar con mayor claridad que la escuela, el recinto, pero también el tiempo escolar, son un «santuario», y evitar así que un arresto como el de Leonarda, ante la mirada de sus compañeros, se reproduzca.

El informe será entregado hoy a Manuel Valls, que ayer acortó su viaje a las Antillas francesas para poder ocuparse del caso y que, junto al presidente y el primer ministro, determinará qué medidas tomar. Pero más allá de los retoques legislativos, la decisión más ardua será la que concierne a la familia Dibrani. Sobre todo después de que el padre haya confesado que mintió a las autoridades galas sobre sus orígenes. Sólo él procede de Kosovo, país del que salió en 1974, mientras que su compañera y sus seis hijos habrían nacido en Italia. Resat Dibrani asegura que se deshizo de los papeles para que su petición de asilo en Francia tuviera más peso y resultara más convincente. También ha admitido en varias entrevistas que presentó un falso certificado de matrimonio adquirido en París por 50 euros, y que, si el Gobierno galo no les permite regresar a Francia, lo intentará de nuevo «por todos los medios».

Mientras tanto, la presión en la calle continúa. Abanderados de la causa, miles de estudiantes pidieron ayer en varias marchas el retorno de Leonarda y de un joven armenio deportado el sábado. También exigen que el Ejecutivo suavice su política migratoria y prohíba la expulsión de cualquier joven escolarizado o en formación, aun en situación irregular. Desde el inicio de la polémica, defensores de los «sin papeles» y demás indignados critican el silencio presidencial. Un mutismo que no rompió Hollande pero sí la primera dama, Valérie Trierweiler, para quien hay fronteras que no se deben traspasar, «y la puerta de la escuela es una».