Archivan la denuncia de la Junta al inspector que destapó el caso iDental

El juez ha archivado la causa contra el inspector sanitario de la Junta que destapó el fraude de las clínicas iDental, denunciado por el anterior Gobierno andaluz del PSOE por desobediencia al negarse a entregar los originales de las historias clínicas de los pacientes afectados y los informes –desoídos por la administración– en los que advertía contra autorizar la apertura de centros de iDental.

En un auto del 13 de marzo, el juez de Instrucción 4 de Sevilla Álvaro Martín –quien procesó por el caso ERE a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y una veintena de e xaltos cargos socialistas– señala que tras practicar las diligencias de investigación «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», por lo que acuerda el archivo de la misma.

La Junta abrió un expediente administrativo al inspector Carlos Yáñez, actualmente de baja, y llevó el caso a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia en su condición de funcionario, y el Ministerio Público vio indicios de delito e instó al juzgado a investigar.

Tras el archivo de la causa judicial, la Consejería de Salud –ahora dirigida por el PP– ha reactivado la vía administrativa e incoado, con fecha 8 de abril, un nuevo pliego de cargos para un expediente disciplinario por infracción «muy grave» relativa a «el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas» y «la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o han tenido acceso por razón de su cargo o función». El letrado de Yáñez, Rafael Prieto –que ejerció la acusación popular por Manos Limpias en los ERE– presentó el jueves su escrito de alegaciones en el que niega incumpliera sus obligaciones de funcionario ni «desobedeciese injustificadamente órdenes que le fueren exigibles en su estado de baja e incapacidad, existiendo una causa cierta» que justificaba su rechazó a devolver una documentación que finalmente entregó el 30 de enero, consistente en 1.588 folios.