Avisan a la jueza del «caso Aznalcóllar» de «manipulación» en el registro minero autonómico

Ecologistas pide que se cite como investigados a tres miembros de la Mesa que asignó el yacimiento

Ha habido movimiento en la contienda judicial desatada en torno a la concesión de la mina de Aznalcóllar. Ecologistas en Acción, personada en la causa, ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en el que traslada a su titular, Patricia Fernández, que no cree justificado que se investigue «a unos miembros» de la Mesa de contratación que asignó el yacimiento a la agrupación empresarial Minorbis-Grupo México «y no a otros», al tratarse de «un órgano colegiado» y haberse producido los hechos «como consecuencia de un concurso de voluntades tendente a dictar una resolución injusta y contraria a derecho». Todos ellos, a su juicio, «deben ser investigados como presuntos autores» de un supuesto delito de prevaricación y malversación, «o alternativamente» al último, otro de fraude a la Administración. De hecho, vuelve a pedir a la magistrada que tome declaración «en calidad de imputados» a tres de ellos: a Juan Manuel R., Salvador C. e Iván M, por esos delitos, más los de posible falsedad, encubrimiento y falso testimonio. Pero no es ésa la única demanda realizada por Ecologistas en su escrito, al que accedió LA RAZÓN, a partir de varas generales fijadas para todos. La organización «verde» advierte a la jueza de que no le consta «ninguna Resolución administrativa otorgando ningún permiso de investigación o de exploración, ni concesión minera», como resultado del concurso de adjudicación de la Junta, pero la empresa Minera Los Frailes, que ni siquiera participó en él, «ha realizado las labores de investigación objeto del concurso y ahora pretende realizar la explotación de la denominada ‘Zona Aznalcóllar’». Explica a Fernández que recibieron el pasado julio una solicitud de consulta de la delegación sevillana de la Consejería de Medio Ambiente para «el trámite de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del Proyecto de Explotación Mina Los Frailes» promovido por dicha mercantil, «titular de la concesión» de la mencionada zona. Y añade que ha demandado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo andaluz una «copia de la Resolución de otorgamiento de la referida concesión minera» sin que haya tenido respuesta. «En el Registro Minero de Andalucía de la Consejería de Empleo constan informaciones contradictorias», avisa al juzgado al existir una ficha otorgándosela a Minorbis-Grupo México y otra a Minera Los Frailes, si bien «las coordenadas de ambas concesiones directas de explotación son idénticas» y en ambos casos «se identifica como fecha de otorgamiento el 25 de febrero». Ese día una Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas dio a Minorbis-Grupo México «la preferencia para tramitar y obtener», si procedía conforme a la legislación vigente, «derechos de explotación», pero no «una concesión directa» de tal ni a esa agrupación empresarial, «ni desde luego a Minera Los Frailes», dispara.

«Resulta por tanto evidente que se ha podido producir una posible manipulación en el Registro Minero de Andalucía», lo cual sería «muy grave», anota al juzgado, para coser que además podrían haberse «otorgado derechos mineros sin que, previamente, se haya realizado el preceptivo trámite de Evaluación de Impacto Ambiental ni se haya obtenido la preceptiva Autorización Ambiental Unificada (AAU)» prevista en la ley. Ello podría tener una derivada: si por causas ambientales «no llegan a poder ejercerse esos derechos mineros, pueden generar derechos económicos de indemnización», a pagar por todos.

Más datos

*Ecologistas en Acción ha pedido al juzgado que se solicite al responsable del Registro Minero de Sevilla, jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas territorial de la Consejería de Empleo, copias de documentos autentificados.

*Los conservacionistas pretenden además que se le cite a declarar en calidad de testigo.