C’s negó 10 millones en diciembre a los niños andaluces con trastornos

Aún duele la traición de Ciudadanos a los niños con trastornos en el desarrollo o riesgo de sufrirlos. Alrededor de 20.000 en toda Andalucía. La formación naranja no sólo impidió la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre Atención Temprana, rompiendo la promesa hecha a las familias, sino que se arrogó un irreal éxito de un aumento presupuestario que triplicaría las cantidades destinadas por la Junta para este servicio y permitiría desde ya, según la parlamentaria Marta Bosquet, mejorar las condiciones de los menores a través del decreto que la Junta ultima.

La «indignación» en las familias aglutinadas en la Plataforma de Atención Temprana está justificada. C’s se trató de colgar una medalla el pasado miércoles, olvidando que el 4 de diciembre de 2015 votó «no» a una enmienda de PP e IU para incrementar en 10 millones la partida destinada a tal fin en 2016. Ahora pretende que las familias se contenten con una subida de 5 millones escalonada y que genera dudas. «Aceptamos el resultado de la votación, pero no que se diga que es la ley de Podemos, que es un paso atrás, que tiene grandes carencias o que medicaliza a los niños. No estoy de acuerdo con los argumentos de Ciudadanos. No llegaremos a 33 millones porque en 2019 hay elecciones y con los presupuestos de 2016 cerrados no sé de dónde van a sacar la partida. Si lo hacen de Educación significa que no llegarán a los CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana), pero sigue siendo la mitad de lo que los grupos de la oposición plantearon en sus enmiendas al Presupuesto. Luego, tratarán de sacar a los niños de 4 años del sistema, cuando siempre hemos dicho que educación ha de ser complementaria, pero nunca sustitutiva. El decreto sí contempla esto y ahí nos encontramos el problema de la poda cerebral. No podemos dejar a los niños en manos de no especialistas», explica Antonio Guerrero, que también desmonta la teoría de la Junta, y hecha propia por Ciudadanos, de que el decreto sería más rápido que la ley en su aplicación. «Ahora se abre un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, pero es que C’s ni siquiera se ha leído el decreto. La disposición transitoria única fija un plazo de seis meses para constituir las Unidades de Atención Temprana y posteriormente habrá que formar al personal. Nos plantamos en diciembre y la entrada en vigor de la ley estaba prevista para el 1 de enero de 2017», argumenta Guerrero.

Por último, y como gran preocupación, la Plataforma alerta de que la Junta sólo atenderá a los niños con trastornos y «alto riesgo» de sufrirlos, como se especifica en el artículo 18: «La sintomatología leve o de riesgo no la van a derivar. ¿Y cómo se cuantifica?».