“Caso Umax”: Un 25 por ciento del personal de la Dirección de Trabajo no tenía contrato formal

El ex director general de Trabajo Daniel Rivera, que afronta a 10 años de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental junto a sus antecesores, cifró ayer en un 25 por ciento el personal de su departamento perteneciente a Umax sin contrato formal de la Junta con esta empresa.

Rivera, a preguntas de la fiscal, señaló que al poco de llegar al cargo, en abril del 2010, el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, le reclamó una deuda de 1,5 millones porque llevaba sin cobrar desde el 2007 los servicios que sus trabajadores prestaban en la Consejería de Empleo, algo que le «resulta un poco increíble».

Al no hallar documentación de contratación con Umax y facturas, se lo comunicó al entonces viceconsejero, Justo Mañas, quien ordenó que Umax los despidiera porque «al día siguiente» ya no podían acudir a la Dirección de Trabajo, lo que «creaba un problema de carga de trabajo» ya que suponían «un 25%» del personal de este área, «de 50 trabajadores, unos 12 o 14».

Rivera y el dueño de Umax son juzgados junto a los anteriores directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y los ex secretarios de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina –los cuatro procesados en el caso ERE– por las presuntas contrataciones irregulares de trabajadores de esta empresa en la Junta, muchos amigos de Guerrero, para labores propias de funcionarios.

Cuando fueron despedidos la mayoría pasó a la fundación pública Faffe y tras la extinción de ésta fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, sin pasar por ninguno de los procesos de selección legalmente establecidos para acceder a la administración.

La fiscal preguntó a Rivera por los compromisos que varios trabajadores de Umax han declarado en la instrucción que éste contrajo con ellos de que los contrataría Faffe, como así ocurrió, y unos correos suyos al entonces director de la fundación Fernando Villén –investigado por usar una tarjeta de representación en prostíbulos– con el listado de trabajadores «para que los vayan contratando por orden de prioridad».

Según Rivera «la finalidad era que el personal de Umax participara en los procesos de selección que había abierto Faffe siguiendo sus protocolos» ya que llevaban «cinco o seis años» trabajando en la Junta y su despido provocaba «un conflicto latente» y el riesgo de que lo «pudieran judicializar buscando consolidar su puesto en la administración».

El ex alto cargo negó haberse comprometido a que Faffe los contrataría y haberlo ordenado. También se desmarcó de su absorción posterior en el SAE.

Sí admitió que «no es común contratar por servicios externos trabajos que se realizan por personal funcionario o laboral que prestan sus servicios en la administración» y menos durante tantos años –hubo personal de Umax en la Dirección de Trabajo desde el 2003, con Guerrero en el cargo–, tras indicar que «en origen debió hacerse una contratación administrativa, pero supongo que eso no se hizo».

El juez de la Audiencia de Sevilla Ángel Márquez le preguntó si es posible que la Junta pagara a Umax por los servicios de esos trabajadores sin que constaran esos pagos, a lo que Rivera dijo que eso corresponde a la «investigación policial».

«¿Que se pagara simuladamente a través de otros servicios? No se lo puedo asegurar porque significaría acusar al circuito administrativo de ese pago simulado y eso no lo investigamos», concluyó deslizando la tesis de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la Junta y cuya letrada no le ha preguntado.

Previamente declaró su antecesor Juan Márquez (2008-2010) quien señaló que nunca había dado instrucciones «para que se contrate a fulano o mengano» y aunque sabía que había personal externo «nadie nunca» le trasladó «la más mínima llamada de atención» por ello.