Dinero de la UE para educación y empleo irá a autopistas

La Junta reprograma fondos europeos y penaliza políticas sociales por casi 52 millones de euros

La modificación presupuestaria se produjo a finales de año. El PP lo llevará al Parlamento

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, siempre defiende que la prioridad de su Gobierno es el empleo y el «blindaje» de los servicios públicos. Así lo ha hecho desde que ocupa el cargo y recientemente lo reiteró con motivo de la aprobación del Presupuesto autonómico para 2018, unas cuentas que, según afirmó, «garantizan la estabilidad política, institucional y económica de nuestra tierra». Durante el trámite parlamentario, el Ejecutivo detalló incluso que el 83 por ciento del total de las partidas de un presupuesto de 34.759 millones de euros se destinan a gastos sociales.

La cuestión es que una cosa es lo que se aprueba y otra lo que se ejecuta y/o modifica durante el año y que va en contra del discurso oficial. Ese debate surge de manera permanente durante el proceso de gasto de los anteriores presupuestos y el PP andaluz lo acompañó ayer con datos. La Junta ha aprobado una orden en la que contempla modificaciones presupuestarias por un importe de casi 52 millones de euros para reducir el gasto comprometido en partidas tan sensibles como empleo, educación y sanidad. El Gobierno andaluz tiene a su disposición 160,3 millones provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial que la Unión Europea destina a los países para que éstos a su vez los transfieran a las comunidades autónomas. La administración que preside Susana Díaz informó a finales del año pasado al Ministerio de Hacienda que iba a reprogramar unas cantidades del citado fondo debido a unas «incidencias» que han originado «que el nivel de obligaciones de dichos créditos no sea el óptimo».

El anexo remitido por la Consejería de Economía y Conocimiento detalla las partidas que se ven reducidas. Sanidad pierde 2.691.052 euros y Educación 2.510.624 euros. La reducción más significativa la sufre el epígrafe destinado a «Ayudas a las empresas», que pierde 9,7 millones de euros; y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que dejará sin emplear 14,7 millones. Hay también casi 7 millones que no se emplearán para políticas de Vivienda, 3,7 millones para Cultura o 5,8 en Justicia. El epígrafe dedicado a «Ayuda a inversiones turísticos» se reduce en 2,3 millones y en casi un millón las políticas destinadas a investigación, desarrollo e innovación.

Según la información consultada por este periódico se reprograman a la baja 51.864.296 euros de los comprometidos inicialmente. El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Jaime Raynaud, anunció que su partido reclamará explicaciones al Gobierno regional en el Parlamento y lamentó que la actuación de la Junta es el «fiel reflejo de las verdadera prioridades del modelo de gestión de 40 años del gobierno socialista en Andalucía».

El ejecutivo andaluz siempre ha defendido que la «reprogramación» no supone pérdida de fondos. Lo hizo, por ejemplo, cuando durante la comisión de investigación de los cursos de formación creada en el Parlamento trascendió que la Unión Europea había congelado 468 millones de euros del Fondo Social Europeo para Andalucía en 2015 por las irregularidades detectadas en los fondos anteriores concedidos por Bruselas. En el caso concreto de los cursos, la Junta admitió que «reprogramó» 47 millones destinados a los cursos de formación entre 2007 y 2013 que acabaron en formación reglada.

En el caso concreto de los Fondos de Compensación Interterritorial, la documentación remitida al Ministerio por parte de la Junta incluye las partidas que tiene previsto incrementar y que, por tanto, asumirán los fondos que no se han podido gastar en los planes iniciales. Fomento y Vivienda asume más del 50 por ciento de estos casi 52 millones y destinará 27.196.858 euros más para autopistas, autovías y carreteras. La segunda consejería beneficiada es la Medio Ambiente y Ordenación del territorio que recibirá 18,3 millones más para una partida genérica de «protección y mejora del medio ambiente» y 3,8 millones para políticas de agua.

La otra consejería que ve incrementados los fondos europeos a su disposición es Presidencia y Administración Local, que engordará su partida para «desarrollo local» en 1,3 millones de euros.

Hay que recordar que Andalucía es la más beneficiada por los Fondos de Compensación Interterritorial. El Gobierno repartió en 2017 un total de 432,4 millones de euros, idéntica cifra a la presupuestada para 2016. La Junta, que recibió los citados 160,3 millones, calificó la cantidad como una «limosna». Otras regiones como Extremadura recibieron 25 millones de euros; Castilla-La Mancha, 34 millones; Galicia, 44,34; y la Comunidad Valenciana, 54,84 millones.