Ecologistas ve «absolutamente inviable» la explotación de Aznalcóllar

Advierte en una resolución de la afección que provocaría al dominio público hidráulico, «tanto aguas superficiales como subterráneas»

«Absolutamente inviable» desde un punto de vista ambiental. Así considera Ecologistas en Acción que es en la actualidad cualquier proyecto de «puesta en explotación de la denominada zona Aznalcóllar, con los sistemas existentes de beneficio de sulfuros metálicos y de depuración de aguas ácidas». La organización «verde» aprobó en la asamblea andaluza que celebró a finales de septiembre una resolución ligada a la mina sevillana que se encuentra inmersa en dos procedimientos judiciales: uno que ovilla un juzgado sevillano en torno al concurso público de adjudicación de la explotación minera, y otro que se instruye en Sanlúcar La Mayor por un presunto delito medioambiental. Causas que al erupcionar salpicaron a cargos del Gobierno autonómico y en las que Ecologistas se ha personado.

La organización recuerda en su documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que ya en otro de 2015, ratificado también por el mismo órgano interno, exigieron sin éxito al Ejecutivo regional que anulara la Resolución de concesión de las «actividades extractivas de explotación de los recursos existentes» en Aznalcóllar, junto a la «restauración ambiental efectiva del recinto minero», como «condición previa» a «cualquier proyecto de reactivación de la actividad». Si bien, la Junta, «lejos de anular el referido concurso minero ha comenzado a tramitar el Proyecto de Explotación de la Mina de Los Frailes, presentado el 23 de junio de 2017 por la empresa Minera Los Frailes SL», vinculado a esa zona, pese a que ni siquiera fue la sociedad que resultó adjudicataria del concurso resuelto en 2015, subrayan los ecologistas en su texto. «Y lo que es peor», apostillan, «sin que se haya realizado siquiera una evaluación ambiental» del plan «ni se hayan tramitado previamente ninguna autorización ambiental». Unos hechos que tildan de «graves» y que, a su juicio, incrementan, sin ningún tipo de «duda», los «indicios de prevaricación de las autoridades de la Junta de Andalucía». Según su lectura de situación, tras un análisis ambiental del proyecto presentado por la empresa, el elemento que más afectado se vería por la reactivación minera sería el «dominio público hidráulico, tanto aguas superficiales como subterráneas», y por una doble vía: «La demanda de agua que necesita cualquier proyecto de beneficio de sulfuros metálicos» y «la cantidad de vertidos altamente contaminantes que este tipo de actuación implica». En relación a ese punto, los conservacionistas aseveran que no se sostiene ni ambiental ni socialmente «la creación de una nueva balsa para albergar los lodos generados por la reapertura» del yacimiento, sobre todo, «dado los antecedentes de la catástrofe anunciada de la rotura de la balsa de Boliden el 25 de abril de 1998», un elemento que además «sigue estando sepultado en el recinto minero» y que aún provoca «vertidos incontrolados de aguas ácidas contaminantes sin depurar a la cuenca del Guadiamar».