«El banco de tierras no es un paso revolucionario»

SEVILLA- El Gobierno andaluz renunció hace dos años a una reivindicación histórica del mundo jornalero: un banco público de terrenos. La entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera, argumentó que carecía de «sentido» el que la Junta fuera «propietaria de tierras». Lo que sí se hizo es ofertar fincas públicas para su venta. Operación que no tuvo los resultados esperados –no se ingresaron ni 11 millones de los 75 previstos por la comercialización de tierras del extinto Instinto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), según algunas fuentes–, dada la tozuda coyuntura económica.

Desde entonces se han producido algunos cambios. IU dijo sí a una coalición de gobierno con el PSOE y ha hecho de la vieja aspiración una de sus banderas. Aunque, por el momento, con más incógnitas que certezas.

Según explican fuentes de la coalición a LA RAZÓN, «parece ser que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente –que dirige Luis Planas– trabaja en un borrador que no hemos visto». «El área de Medio Ambiente de IU –añaden– le ha pedido a Diego Valderas –vicepresidente de la Junta y líder regional de la federación de izquierdas– que se lo solicite a Planas, porque estamos elaborando la postura de nuestra organización sobre el asunto». En ese sentido, adelantan que «se pretende mantener una reunión en breve con organizaciones agrarias y sociales como COAG, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Ecologistas en Acción, Ingenieros y veterinarios sin fronteras... para tratar este tema».

Lo que sí tiene claro este sector de la coalición es que «hablamos del banco de tierras como medida complementaria a la reforma agraria. Es un paso nada revolucionario. Se trata de una medida socialdemócrata moderada», deslizan. De hecho, Asturias ya puso en marcha hace años un banco de tierras integrado «por fincas de interés agrario», según consta en la web del Gobierno del Principado, y con una finalidad: «Fomentar la modernización y el desarrollo agrario y social, así como el cultivo racional, directo y personal de la tierra».

Es más, cuentan con una Comisión Regional del mismo, un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Rural y Pesca, creado por ley en 1989.

En Andalucía, por ahora, desde IU se ha aseverado que llevan meses trabajando en el «marco normativo» y que la intención es que se ceda el uso de tierras de forma gratuita a parados. ¿Cómo se accederá a ellas? Según lo expuesto por esta formación, la idea es que se puedan adjudicar a cooperativas tuteladas por la Junta o mediante fórmulas conveniadas con los ayuntamientos. Por su parte, Planas apuntó en marzo que «los trabajos técnicos» se encontraban «bastante avanzados», pero matizó que aún restaban las «deliberaciones pertinentes» y no únicamente en su Consejería, sino también en otras corresponsables de la iniciativa puesto que supone «patrimonio público». Después habrá que «seguir el proceso de aprobación correspondiente», añadió. Además, Agricultura pretende que si hay cesión de uso de una finca pública, se pueda beneficiar cualquier ciudadano que promueva la explotación en régimen de cooperativa, entre otras cuestiones.

¿De cuándo estamos hablando y qué tierras formarían parte del banco? De momento no hay respuestas para esas preguntas. Valderas declaró hace unos días en relación a este proyecto que «primero tierras públicas y si esto da resultados, ya veríamos».

Fuentes del SAT, ligadas también a IU, van más allá: ven «bien» que el banco «lo formen todas las tierras públicas de la Junta», pero abogan por «adquirir fincas de otros organismos públicos como las diputaciones, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) –encargada de vender los solares de la deuda histórica sin éxito por el momento–, diputaciones y demás». Ello en una primera fase. «En una segunda», apostillan «se tendría que empezar a expropiar a terratenientes que sólo tienen las tierras para cobrar las ayudas europeas de la PAC. Les dan dinero sólo por la posesión de hectáreas, con independencia de lo que produzcan», critican.

El sindicato tiene su propia «línea roja»: «Las tierras tienen que permanecer públicas porque son patrimonio de todos. El banco ha de servir para ceder el uso a cooperativas de trabajadores, no su propiedad», señalan. ¿Por qué? «Los jornaleros que puedan acceder a una tierra barata pueden intentar venderla luego», avisan desde el colectivo y rematan: «Hay que evitar toda especulación».

Valderas ha expresado su intención de que la medida salga adelante este año, a lo que, según afirmó, se comprometió el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Para la federación de izquierdas el banco público de tierras debería estar a pleno rendimiento antes de que termine la legislatura. La clave está en poner de acuerdo a todos los actores implicados. En cualquier caso, desde la Consejería admiten que la repercusión sobre el empleo de esta iniciativa será limitada.

Nuevas tomas «simbólicas» en Málaga y Granada

Representantes de CC OO Málaga y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) volvieron a ocupar ayer la finca la «Peñarrubia», ubicada en el municipio de Campillos y propiedad de la Junta, para reclamar la puesta en marcha de un banco de tierras que permita crear puestos de trabajo y que no se subasten los terrenos. Acto «simbólico» que se repitió en la finca «El Cortijo de Enmedio», en Granada. En ese punto fue el Partido Comunista de Andalucía (PCA) el promotor de la toma con el fin de «presionar» al Ejecutivo andaluz para que apruebe la medida.