El bipartito en funciones, en su línea: prepara la vía judicial contra el déficit

La senda de la confrontación la abrió Chaves; continuó con Griñán y la seguirá explorando Susana Díaz. El conflicto jurídico entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central –siempre que no esté en manos socialistas– ha sido una estrategia políticamente rentable y ninguno de los presidentes autonómicos la ha desaprovechado. El actual bipartito ha abierto varios frentes judiciales contra el Ejecutivo de Rajoy y ayer mismo, en el Consejo de Gobierno en el que Griñán formalizó su renuncia, dio un paso más para recurrir el reparto del objetivo de déficit aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El bipartito ha autorizado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para requerir al Gobierno central que modifique el reparto del objetivo de déficit fijado para el periodo 2014-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas. Un formalismo –que el Ministerio de Hacienda no va a atender– que es paso previo que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ejerza «las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de no ser atendido», según aparece en el resumen de acuerdos distribuido por el Ejecutivo andaluz.

El bipartito en funciones señala que la distribución no respeta las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, «en lo referido al objetivo de estabilidad y a la distribución entre los subsectores de las administraciones públicas: Administración General del Estado y Seguridad Social, y Comunidades Autónomas».

Argumenta que esta norma dispone «que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural» y «que la reducción anual debe repartirse entre el Estado y el conjunto de las comunidades conforme al porcentaje de déficit estructural alcanzado en 2011».

Lo que reclamará jurídicamente Andalucía es que sin tocar el objetivo global de déficit impuesto por Europa para España, éste se reparta de otra forma y otorgue más margen a las comunidades autónomas. El reparto vigente para los tres próximos ejercicios es: por un lado, 4,8%, 3,5% y 2,6% la Administración Central y la Seguridad Social, y por el otro, 1,0%, 0,5% y 0,2% las comunidades autónomas.

La Administración central se niega y recuerda que, entre otras cargas, la factura de la prestación por desempleo, pensiones e intereses de la deuda corre de su cuenta. La Junta argumenta que las regiones son las responsables de la prestación de servicios públicos como sanidad, educación, justicia o empleo. El bipartito ya ha elegido su estrategia: los tribunales, y así justificar su asfixia financiera.