El Consultivo avisa de la «contradicción» de la Junta con la vuelta a las 35 horas

Esgrime la sentencia del Constitucional que tumbó el recurso de la Generalitat contra la jornada laboral del Gobierno.

El Consejo Consultivo detecta una contradicción entre el decreto que aprobó la Junta en octubre por el que regula la vuelta a las 35 horas semanales para los empleados públicos y la ley autonómica de 2012 por la que se estableció la jornada en 37,5 horas para dar cumplimiento al imperativo del Gobierno central. El Consultivo apela también a la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de mayo de 2016, en la que rechaza el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra una serie de artículos de la Ley de Presupuestos del Estado de 2012, entre ellos el mencionado de la jornada laboral de 37 horas y media.

El Parlamento de Andalucía convalidó el jueves, con la abstención de PP y de Ciudadanos y el apoyo de Podemos e IU, el decreto de octubre de vuelta a las 35 horas semanales. El asunto es polémico porque hay abundante jurisprudencia que no aconseja esta medida. El caso más reciente es de finales de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional tumbó la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de volver a las 35 horas semanales.

El Consejo Consultivo, en el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2017 que fue aprobado el 24 de octubre señala, en relación a la disposición adicional cuarta –que pasó a ser la quinta en el Proyecto de Ley definitivo–, que «entra en contradicción con el Decreto-Ley 5/2016» de 11 de octubre por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta. «Según la disposición adicional analizada –abunda el Consultivo– durante 2017 sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre». La Junta aprobó esta Ley de Reequilibrio Económico-Financiero para hacer frente a la crisis económica y acometer una serie de ajustes, como el recorte de las pagas extra a los funcionarios, que le permitieran seguir a flote. El artículo 25 recoge que «la jornada ordinaria de trabajo (...) será como mínimo de 37 horas y media semanales de promedio en el cómputo anual». «Sin perjuicio de las consecuencias que han de extraerse de la jurisprudencia constitucional mencionada en este dictamen referida a la fijación de una jornada mínima en la Ley de Presupuestos Generales para el Estado (sentencia 99/2016 de 25 de mayo) el Consejo Consultivo debe poner de manifiesto esta contradicción», señaló.

La sentencia 99/2016 a la que alude el Consultivo es la que emitió el Tribunal Constitucional en la que desestimó el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los Presupuestos Generales del Estado de 2012 que incluían entre otras medidas de ajuste la vuelta a la jornada laboral de 37 horas y media en la disposición adicional número 71.

La Generalitat argumentó que la Ley de Estatuto del Empleado Público otorga «plena libertad a las administraciones para determinar la jornada laboral de sus trabajadores». No obstante, el informe de la Abogacía del Estado que tuvo en cuenta el Constitucional para emitir su sentencia contrapone la idea de que «todas las medidas de contención del gasto de personal que hayan de aplicarse en todo el sector público, incluido el autonómico sin ninguna excepción, competen al Estado», en virtud a los artículos 149, 156 y 135 de la Constitución. Este último, no ajeno a las críticas, fue el que reformó el PSOE con el apoyo del PP y que regula el principio de estabilidad presupuestaria.

Díaz pide al Gobierno que no recurra

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, expresó ayer su confianza en que el Gobierno de la nación no recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto-ley que devuelve a los empleados públicos de la Junta el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales y reprochó al PP-A que no tuviera «el valor de votar en contra» cuando se debatió su convalidación en el Parlamento autonómico. En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Díaz confió en que el decreto-ley no llegue al TC porque el Gobierno «puede tomar la decisión de no recurrir». Defendió que esta medida está avalada por jurisprudencia y por el propio Estatuto de Autonomía, además de contar con el «aval de los servicios jurídicos de la Junta».

«Es verdad que el Gobierno tiene un instrumento, que es recurrir, pero yo apelo a ese diálogo que parece ser el nuevo patrón de conducta de este Gobierno para que entiendan que lo vamos a pagar con el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hay un pacto con los sindicatos y hay un acuerdo con la mayoría de los sindicatos para recuperar las 35 horas», deslizó la presidenta andaluza, que destacó que «si no recurren no hay discusión sobre el fuero, porque actuamos conforme a nuestro fuero».