El ex chófer de Guerrero dice que éste daba las ayudas de los ERE “sin control” y que le recogió regalos

Afirma que su ex jefe se reunió dos veces con Zarrías y se entrevistó con el actual senador socialista Caballos

Podía haber sido un «déjà vu», pero Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero que copó titulares al admitir la compra de cocaína con ayudas del «caso ERE», fogoneó ayer con su declaración el primer juicio de esa «macrocausa» en la que ha sido investigado en varias piezas. Estaba citado esta vez como testigo en el bloque político que afecta a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y no sólo volvió a señalar al que fuera su jefe, a quien le unía, dijo, una «relación de amistad», sino que acabó apuntando como novedad al actual senador por la comunidad e histórico dirigente socialista sevillano José Caballos.

A preguntas de la Fiscalía, Trujillo aseveró que Guerrero le comentó que tenía un programa de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que podía dar dinero a gente que lo necesitara en esos servicios y que era él el que «disponía de darlas o no darlas». Le trasladó además que esos fondos «no iban a tener ningún tipo de control» en palabras engarzadas por el Ministerio Fiscal. El ex conductor relató en la sala que entre 2003 y 2007 que ocupó su puesto llevó al ex director general a reuniones con consejeros y viceconsejeros de Empleo, a Presidencia, a la Consejería de Economía y Hacienda, a la de Innovación y al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). En dos ocasiones que «fueron al palacio de San Telmo», sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, le hizo referencia a dos encuentros que «había mantenido con el entonces consejero de Presidencia», Gaspar Zarrías y en concreto, tras uno de ellos, manifestó «encontrarse enfadado porque no le habían salido las cosas bien». Sin cambiar el tono de voz, rugoso, trajo al presente otras reuniones de su ex jefe con empresarios, representantes sindicales, despachos de abogados... «Todos los desplazamientos que hacía el director general los llevaba yo, entonces la lista puede ser inmensa», llegó lanzarle a la Fiscalía, para apostillar que no recordaba que aquél le hubiera ilustrado sobre el contenido de esas otras citas.

Le interrogaron también por el llamado «conseguidor» de los ERE, el ex sindicalista investigado Juan Lanzas, a quien «conocía» antes de ser chófer de Guerrero. Confirmó que el primero se relacionó con el segundo porque éste «se dedicaba a gestionar temas de empresas». Al ser preguntado que si a las ayudas contestó que «sí». En ese punto entraron en escena otros protagonistas del caso como el ex directivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín, hasta el que condujo a Guerrero; Jesús Bordallo, ligado a la misma aseguradora y que «iba por la Dirección General de Trabajo»; o José González Mata, de Uniter, al que despachó con un «lo mismo que los anteriores».

Confesó ante el tribunal que Guerrero reconoció que «tenía problemas de pago con las ayudas». Acudió al IFA y, según Trujillo, las reuniones en Hacienda eran «para desbloquear el tema». En una ocasión le transmitió que «había recibido una llamada de Zarrías y tenían que hacer una visita a una empresa de Vilches», relacionada con los azulejos y la cerámica, relató a la Fiscalía, a la que ratificó luego haber recogido «algún regalo que iba dirigido a Guerrero». En relación a las sustancias estupefacientes que lo colocaron en los informativos, el Ministerio Público le recordó que en sus declaraciones judiciales anteriores había hecho referencia a esos «problemas de drogadicción» y quiso saber si eran conocidos «en el entorno» de la Consejería de Empleo. El testigo lo negó, pero añadió que sí lo supo Lanzas, quien, afirmó, tuvo vinculación o amistad con Zarrías. No se echó atrás, y aceptó haber recibido ayudas para dos empresas que creó, si bien, desmintió a una defensa que su mujer recibiera otra. El abogado lo acusó de mentir al decir que no había sido detenido y discutió con Trujillo hasta que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, le avisó de que sus valoraciones eran «completamente impertinentes» dado el «momento procesal». Fue a ese mismo abogado, al que el testigo respondió que su antiguo superior se entrevistó con otros responsables políticos como Caballos, «que era algo del PSOE de Sevilla».

«A mí como si me traes firmada una foto de la Rocío Jurado»

Las negociaciones entre patronal y sindicatos para desbloquear la huelga de limpieza de 2004 en Granada habían «llegado a un callejón sin salida», hasta que intervino el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Así lo narró ayer el ex presidente de la patronal Aselip Francisco Jardón en el juicio de los ERE, al que acudió en calidad de testigo, pese a estar investigado en otra pieza. Añadió que fue en una reunión en Málaga cuando Guerrero se dirigió a Rafael Hueso, representante de CC OO para preguntarle «cuánto dinero» exigían los trabajadores de Cespa y FCC para acabar con el conflicto. El sindicalista dio la cifra y entonces el ex alto cargo proclamó, según Jardón: «Eso lo paga mi departamento que tiene consignación para este fin». A partir de ahí la maquinaria se puso en marcha. La Junta organizó una reunión en un palacete a las afueras de Granada «con presencia de todas las fuerzas vivas», tal vez «menos el arzobispo», y se firmó el acuerdo, que luego derivó en convenio colectivo. Pero cuando Juan Márquez relevó a Guerrero el Gobierno regional dejó de pagar y Jardón se reunió con él con un motivo: «Qué hay de lo mío». Éste le aseveró que en su departamento «no había rastro» del asunto. El testigo le comunicó que tenía el mandato de las empresas afectadas de emprender si era necesario acciones legales y le contestó: «A mí como si me traes firmada una foto de la Rocío Jurado». Respuesta oficial.

Más datos

*El tribunal que enjuicia la pieza política de los ERE comparte «plenamente» los motivos de la huelgaconvocada ayer en Justicia, pero no secundó el paro. El presidente, el magistrado Juan Antonio Calle, lo justificó al comienzo de la sesión. Consideraron que debían reclamarse «el mismo rigor exigido a las partes» para evitar «suspensiones» y «dilaciones» de la vista.

*El ex técnico de la Intervención Francisco Gómez defendió que Empleo no debió trasladar fondos a IFA/IDEA por transferencias de financiación, sino «como encomienda».