El ex interventor de Empleo apunta al interventor general

«No podemos pretender ser los salvadores del mundo», indica otro testigo tras quejarse de la Guardia Civil

El juicio del procedimiento específico de los ERE encara esta semana la culminación de la declaración de un tercio de los testigos, sobre un total de 150 previstos (más doce peritos). Ayer, el ex interventor de la Consejería de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica apuntó al interventor general por no paralizar el sistema de pago de las ayudas a través de la agencia IDEA. Gutiérrez de la Chica llegó a admitir, a pregunta de los letrados, que «la Intervención General aunque fuera tácitamente le instó a seguir fiscalizando igual». Por su parte, el ex interventor de la Consejería de Empleo Carlos González Laguillo señaló que su función fiscalizadora está reglamentada y «el interventor delegado no es una policía de investigación, no podemos ir más allá de lo que nos corresponde». «No podemos pretender ser salvadores del mundo», destacó después de quejarse durante su declaración de la presión de la Guardia Civil durante su declaración como testigo durante la Instrucción.

De la Chica indicó que «el gasto está justificado, lo que no quiere decir que lo que luego se hiciera con esas transferencias estuviera justificado». Al ser preguntado por la posibilidad de una retención del crédito de la partida 31L por orden de la Intervención General, admitió la «tramitación ilegal del gasto» pero «no tiene criterio para saber si hubo menoscabo». Recordó que en 2004 el interventor general ordenó retener un crédito para la concesión de una ayuda e igualmente determinó cuándo se levantó sin explicarle las razones. De la Chica especificó que «de la documentación» para las ayudas «no se podía deducir que las daba la Dirección de Trabajo». «Los créditos tendrían que haber estado en la Consejería», señaló, recordando que «los expedientes de transferencias no están exentos de fiscalización previa. Como novedad, Gutiérrez de la Chica enmarcó las transferencias de financiación como «crédito plurianual». De la Chica destacó que las transferencias a IDEA figuraban en los Presupuestos de la Junta adscritas al programa de la Consejería de Empleo para ayudas sociolaborales y a empresas en crisis pero desconocía su uso. «¿Cómo podía ser consciente de eso? No pude entrar en cómo se va a ejecutar el gasto en IDEA porque para eso está el Control Financiero Permanente», indicó. Preguntado si de haberlo sabido tendría que haber emitido un reparo suspensivo, «tendría que haber una constancia documental de que se iba a proceder de esa manera y probablemente lo habría puesto en conocimiento del interventor general».

Por su parte, Carlos González Laguillo indicó que «no queda claro si se sabía que transferencias sólo para pagar» y habló también de «errores en la justificación diferida». «Del control financiero permanente no tengo ni idea. Era una actividad diferente a la nuestra», admitió. «No sabía que director de trabajo daba ayudas ni la existencia del déficit», declaró, apuntando que «no cabía que se asumiera el crédito sin que existiera». Al ser preguntado por si ratificaba su declaración ante la Guardia Civil, apuntó a «cierta presión» por parte de los agentes. González Laguillo prestó declaración como testigo ante la Guardia Civil en julio de 2002, una declaración que recuerda más como la de un investigado que como la de un testigo. Fue «tensa, dialécticamente violenta y con cierta tensión». A preguntas de la Fiscalía, ratificó que ante la Guardia Civil señaló que tras los reparos de la intervención delegada a las ayudas a Hijos de Andrés Molina en 1999 «se implantó un sistema para evitar nuevos reparos y eludir la fiscalización previa». Sobre el uso del término menoscabo durante su declaración ante los agentes, el testigo aclaró que entonces hacía referencia a «un mal uso de los créditos». Sobre el carácter excepcional dado a las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo diez años, González indicó que si se reitera esa excepcionalidad «se puede recomendar que se introduzca en los presupuestos como subvenciones nominativas o establecer una orden reguladora». El testigo indicó que durante su actuación como interventor delegado en Empleo entendía que todo estaba dentro de un sistema reglamentario. «Le puedo asegurar que en aquel momento, en absoluto» se podía vislumbrar que se estuviera trabajando en un contexto de ilegalidad. Cuestionado por la actuación de la Intervención, justificó que «los interventores no podemos pretender ser los salvadores del mundo» y habló de «documentos mal confeccionados». «Si tuviera que mirar todos los documentos, estábamos todavía en la Edad Media», censuró. De ahí que no emitiera «reparo suspensivo». «Presupuestariamente es correcto, así lo pueden entender en la Consejería», reconoció. «El interventor no puede ir más allá de lo que se le indica que puede hacer», insistió.