El juez de Invercaria abre juicio oral e impone 1,3 millones de fianza a un ex consejero

Martín Delgado está encausado por la ayuda que la sociedad de la Junta dio a Operador Aéreo Andalus

El instructor fija lo mismo para otros cuatro investigados, entre ellos Pérez-Sauquillo y De Haro

Hay encausaciones que se deshacen sin sustancia y otras que no, como la que pesaba sobre el ex consejero andaluz de Cultura José María Martín Delgado en el ámbito del «caso Invercaria». El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, quien investiga presuntas irregularidades en torno a la gestión de la sociedad de capital riesgo de la Junta que da nombre al proceso judicial, ha abierto juicio oral contra él y le ha dado un día para prestar la fianza de 1.368.954,98 euros que le ha impuesto por la ayuda pública que se asignó a un destinatario: Operador Aéreo Andalus. Y lo mismo ha sucedido con el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, la ex consejera de la agencia IDEA –Invercaria está participada al cien por cien por este otro ente del Ejecutivo autonómico– Isabel de Haro y con los accionistas de la sociedad Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando Guerrero Ros y Pedro José Guerrero Ros. En un auto, fechado el 24 de abril y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado les atribuye los supuestos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, al haber encontrado indicios suficientes para hacerlo.

A los cinco, Gutiérrez Casillas les concede el mismo plazo, 24 horas, para que cubran la fianza de más de 1,36 millones y poder asegurar así las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérseles. Les advierte incluso de que, «de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente» para garantizar «la suma señalada». Además, en la resolución, difundida desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez señala a la Audiencia Provincial de Sevilla, en concreto a la Sección de la misma que le corresponda por turno, como el órgano competente para enjuiciar esta pieza del proceso.

De acuerdo a la instrucción, las operaciones de Invercaria con la compañía aérea que se constituyó en noviembre de 2007 se hicieron sobre un plan de negocios que se demostró «irreal y sin detalle» y algunas se llevaron a cabo cuando la entidad se encontraba incluso «en causa legal de disolución conforme a la legislación mercantil», como se puso de manifiesto en la sesión del consejo de administración de Invercaria que se celebró el 25 de marzo de 2009, en la que además se informó de que el operador tenía un patrimonio neto negativo de 477.409 euros. Es más, el juez mantiene que desde el primer trimestre de 2011, la compañía a la que se inyectó dinero de la Junta «vivía en un constante expolio de sus activos» sin director financiero ni una contabilidad ordenada. «La falta de organización era tal –se llega a aseverar en el sumario– que las cuentas anuales de 2009 se recogieron en un cuadernillo sin firmar». El quebranto a las arcas públicas por lo actuado en relación a esta ayuda se ha cuantificado en 1.860.000 euros. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicitó dos años y medio de cárcel para el que fuera consejero de Cultura, quien llegó a presidir el consejo de administración de la mercantil. Para Pérez Sauquillo y De Haro el Ministerio Público pidió seis años de cárcel más 25 de inhabilitación. ¿Y para los hermanos Guerrero Ros? Dos años y medio de privación de libertad.