El Parlamento contrata con “pescadores de subvenciones” vinculados al PSOE

El PP andaluz desplegó en junio de 2016 una denuncia: más de 48 millones de euros se repartieron entre 38 entidades vinculadas a cargos del PSOE o a familiares conformando una «red clientelar» en torno a las ayudas de la Junta para los cursos de formación. Entre ellas situó a Análisis y Formación Aplicada SL, a la que atribuyó más de 2,7 millones de euros en subvenciones, y a Ánfora Formación SL, con 1,4, según los datos que manejaron los populares y que ya publicó este periódico. Ambas han compartido administradores y sitio web, fueron insertadas en los listados de entidades exoneradas de justificar en plazo los fondos públicos que percibieron para llevar a cabo actividades formativas y tienen otra cosa en común: han sido contratadas desde entonces por el Parlamento andaluz.

Ánfora Formación protagonizó además una de las piezas en las que el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva dividió la causa que ovilló en torno a los cursos subvencionados por el Gobierno andaluz. De hecho, la Policía Judicial elaboró un informe, consultado por LA RAZÓN, en el que catalogó a Félix M., actual administrador único de la sociedad –y de Análisis y Formación Aplicada, según información registral–, y a su antecesor en el cargo, Pedro Ramiro P., como «pescadores de subvenciones». De acuerdo a lo detallado en ese documento policial, el último formó parte de la Fundación Progreso de Andalucía, de la órbita del PSOE, y subvencionada a su vez por el Ejecutivo autonómico. En relación al primero, a Félix M., los investigadores reseñan su presidencia de la patronal andaluza de empresas de formación (Cecap), a lo que agregan su incursión en política, como primer suplente en la lista del PSOE de Castilleja de Guzmán (Sevilla) en las elecciones municipales que se celebraron en 2003. La Policía desentraña en ese informe el expediente ligado a Ánfora de una ayuda de 311.025 euros, que concedió la dirección onubense del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y concluye que dicha empresa «solicitó la subvención para el lucro de los propietarios de la entidad». Traslada al juzgado que el expediente se justificó y fue pagado en su totalidad por parte de la Administración regional «sin contener factura ni documento justificativo alguno» y que el entramado empresarial «controlado por estas dos personas» se hizo entre 2009 y 2012 con «cerca de un millón de euros» de fondos de la Junta, por lo que, insisten, se les puede llamar «pescadores» de éstas. Fuentes judiciales del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aseguran a este diario que dicha pieza no se ha archivado aún de manera definitiva –a la que sí ha pedido la Fiscalía recientemente que se dé carpetazo es a la llamada rama política del proceso que afecta a siete ex cargos y funcionarios del SAE de Huelva–. Entre esas sombras, la Cámara autonómica adjudicó en 2016 a Ánfora Formación SL un contrato de 1.625 euros, que asignó en concreto el 27 de octubre, para cubrir la «impartición de un curso denominado ‘Word 2007. Avanzado», a la luz de los datos que constan en el portal del Parlamento. Al año siguiente a Análisis y Formación Aplicada SL (Ánfora Formación) fueron a parar 1.399,75 euros por dar otro titulado «Gestión de calidad en la Administración pública: atención y servicio al ciudadano», que se adjudicó el 3 de mayo y al que se añadió uno más, que supuso un coste de 1.380 euros, de «Técnicas básicas en protocolo y organización de eventos» otorgado días después, el 10 de mayo. Por último, el 17 de octubre del pasado ejercicio se hilvanó a esas dos entidades otra contrata por importe de 980 euros por la realización de un curso llamado «Excel 2007. Básico». Y a la anualidad de 2018, El Parlamento regional vinculó el destino de 1.223 euros a pagarles por realizar una actividad formativa rotulada como «Excel 2007. Avanzado», si bien la fecha de adjudicación o de aprobación del gasto que consta es el 21 de diciembre de 2017. En definitiva, entre 2016 y 2018, las dos sociedades se habrían embolsado de la Cámara andaluza un global de 6.607,75 euros, con independencia de las pesquisas policiales.