El PP avala la Cámara de Cuentas y el Defensor pese a la reforma del Gobierno

Sevilla- La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, defendió el mantenimiento del Defensor y la Cámara de Cuentas en Andalucía como figuras que están contempladas en el Estatuto y con las que, por tanto, su partido «seguirá contando».

Una vez conocido el informe del Gobierno sobre la reforma de las Administraciones Públicas, Corredera advirtió de que sendas supresiones «no serían posible en Andalucía porque están en el Estatuto», por lo que, para que fuera una realidad, habría que modificarse dicho texto normativo, que es una Ley Orgánica, algo que el PP-A no se plantea. Hay que recordar que la Oficina del Defensor del Pueblo cuenta en los Presupuestos de 2013 con una partida de 5.067.915 euros. De esta cantidad, 4.310,235 euros corresponden a gastos de personal y gasto corriente. En el resto de órganos blindados en el Estatuto –Consejo Audiovisual, Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo y Cámara de Cuentas– el desembolso en nóminas también alcanza en torno al 90 por ciento de la asignación presupuestaria.

La popular incidió en que lo anunciado por el Gobierno es «sólo un informe» sobre el que «debatir». Cuestionada sobre si la eliminación de estas instituciones va a influir en el objetivo de déficit en 2013, Corredera aseguró que las declaraciones realizadas por el ministro Cristóbal Montoro al respecto no pueden entenderse como «un ultimátum cuando se trata de un texto que ni siquiera ha empezado a debatirse».

La vicesecretaria del PP-A dio algunas recomendaciones a la Junta sobre por dónde podría empezar a «recortar de la grasa administrativa» que le sobra. Además de en lo que los populares definen como «administración paralela», Corredera indicó que el PP-A va a defender la supresión de la Delegación de la Junta en Madrid, ya que «no sirve para nada». La de Bruselas sí la consideró «necesaria». Por contra, ve «claramente prescindibles» algunos observatorios regionales.

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, rechazó la reforma y que se quiera «acabar» con instituciones como el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas, entre otras, que consideró «esenciales». Por ello, solicitó al Ejecutivo central que convoque la Mesa del Diálogo y el Acuerdo con las comunidades autónomas para «empezar de cero y sin condiciones a priori». Mario Jiménez manifestó que en Andalucía ya se han ahorrado 200 millones con su propia reforma y criticó los «desmanes» del Ejecutivo central. El director general de Administración Local de la Junta y coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, criticó la «demolición del Estado» que, a su juicio, está acometiendo el Gobierno del PP «aprovechando la crisis».