El PP recurre la decisión de la jueza de excluir del caso el grueso de las irregularidades

Denuncia en un escrito elevado al juzgado que Núñez Bolaños hace una «lectura sesgada de lo actuado» al no contemplar los avales excepcionales y, por tanto, «despreciar» las diligencias de Alaya.

El Partido Popular, personado en el caso de los avales concedidos a empresas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tema que, tras el relevo al frente del juzgado encargado de las diligencias, el grueso de las irregularidades, con mayor posibilidad de menoscabo de fondos públicos, quede definitivamente excluido de la investigación. Así se desprende de un escrito presentado por los letrados del PP, en el que recurren un auto y una providencia de la jueza María Núñez Bolaños.

Según la argumentación del escrito elaborado por el bufete García Navarro & Fuster y consultado por este periódico, la magistrada acota de manera restringida la investigación, dejando fuera de la lupa judicial los avales excepcionales, toda vez que las peticiones de información a IDEA se limitarían a las empresas en las que se constate simultaneidad de ayudas. En esta simultaneidad confluyen indebidamente ayudas de salvamento, de reestructuración o sociolaborales. La UCO apreció en su día una «inyección continuada y sistemática de fondos públicos».

«Es evidente que tal distinción pretende excluir de la investigación los llamados avales excepcionales que (...) son los que más graves irregularidades ofrecen y riesgo de menoscabo de fondos públicos hasta el punto de ser objeto de informes de actuación por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía».

La génesis de estas irregularidades quedan delimitadas en el Informe Definitivo de Cumplimiento de la Legalidad del año 2009 sobre la Agencia IDEA que realizó la Intervención General de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de control interno de la Administración. No obstante, la Cámara de Cuentas también apreció este desmán en torno a los avales en un informe mucho más reciente. Este informe, que destacaba las irregularidades en los avales excepcionales, fue aportado por los abogados del Partido Popular el 17 de febrero. Sin embargo, no ha sido tenido en cuenta. «Sorprendentemente –recoge el mencionado escrito– el informe de Fiscalización de los Recursos y Aplicaciones de Fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 2012 (...) fue expulsado de los autos mediante providencia el 22 de febrero de 2016, cuando de manera infundada se acuerda no haber lugar a la aportación por esta parte para su incorporación a la causa». «Hoy advertimos cuáles eran las razones ocultas que llevaron al juzgado a expulsar del procedimiento el informe de la Cámara de Cuentas, puesto que, de haberse incorporado a la causa, no podría haberse dictado el auto de 2 de marzo», que es el que ahora recurren los letrados del Partido Popular.

Las repercusiones no son menores, teniendo en cuenta que sólo en el año 2009, del total de 71 millones de euros formalizados en avales, 11,3 millones pertenecen a avales excepcionales.

El escrito recoge a modo de ejemplo algunos avales excepcionales que quedarían excluidos de la investigación con el auto del 2 de marzo. «Es el caso de Cofrutex, que recibió un aval excepcional de 1.180.000 euros o TPM Inversiones Plásticas por un importe de 1.190.000 euros, no acogidos a la orden de 5 de noviembre de 2008, cuyos beneficiarios también obtuvieron ayudas con cargo al programa 31.L», el denominado «fondo de reptiles» del que se nutrió el «caso de los ERE» del que también se ocupa el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

«En una lectura sesgada de lo actuado hasta la fecha–abunda el escrito– la instructora realiza una interpretación parcial de los autos dictados en la presente causa, constriñendo y reduciendo al extremo inferior el objeto y ámbito de la presente investigación, como si fuera un auto inicial de la investigación y despreciando todas las diligencias indagatorias ya ordenadas y, en parte, practicadas por la anterior instructora». La anterior titular es la magistrada Mercedes Alaya, que pidió continuar en el juzgado en comisión de servicio para acabar de instruir esta macrocausa, además de las de los ERE y la formación, pero fue apartada con la aquiescencia del TSJA y el Consejo General del Poder Judicial.

Los abogados del PP hacen una cronología de las diligencias con dos momentos contrapuestos. En febrero de 2015 Alaya «da el impulso definitivo a la instrucción, acordando la práctica de multitud de diligencias, en referencia a los avales y préstamos otorgados por IDEA, sin distinción entre reglados y excepcionales». Sin embargo, el pasado 27 de enero, a través de una providencia, Núñez Bolaños «reabre el debate ya cerrado de concretar el objeto de la causa», en lo que entienden como un «infundado ‘dribling’ procesal».

Lo que pide en suma el PP es no limitar la investigación a «la única y última de las conclusiones alcanzadas por la UCO, que es la simultaneidad de ayudas (...) y sobre ellas aplicar las irregularidades detectadas por la Intervención», sino mantener el marco inicial de las pesquisas que se remontan al año 2014 y en el que Alaya solicitó información tanto de las ayudas excepcionales como de las regladas desde el año 2000 hasta la actualidad.

El informe de la Cámara de Cuentas que se conoció a principios de febrero desvela que las entidades financieras ejecutaron avales fallidos por los que tuvo que responder la Junta entre 2010 y 2013 por importe de más de 80 millones. La Administración autonómica tan sólo ha logrado recuperar algo más de 9 millones. Por tanto, las pérdidas superan los 70 millones.