El TSJA tumba la integración de personal de otras dos agencias de la Junta

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado la integración del personal de dos agencias de la Junta en un par de nuevas sentencias, resultado de procesos judiciales iniciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

En uno de los fallos el Alto Tribunal autonómico estima de forma parcial el recurso del SAF contra la resolución del 20 de abril de 2011 dictada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta y declara la nulidad de «la regla cuarta de la resolución impugnada», que regula «las condiciones de integración en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía del personal proveniente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la atención a las Drogodependencias e Incorporación Social». Los magistrados de la Sala hacen constar «la quiebra del principio de igualdad» y la vulneración del «derecho de acceso en condiciones de igualdad, conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad establecidos en la Constitución –artículos 14 y 23.2», por parte del Ejecutivo regional.

En la misma línea, en la segunda sentencia el TSJA vuelve a anular «la regla cuarta» de la misma resolución «en cuanto regula las condiciones de integración en la Agencia del Conocimiento de Andalucía del personal proveniente del Centro Andaluz de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, SAU, y de la empresa Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia SLU». En el fallo, al que también ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala estima que «la atribución de la condición de empleados públicos a aquellos trabajadores de las entidades privadas que se extinguen excede con mucho a la subrogación de la Administración en la relación laboral, en el vínculo derivado del contrato de trabajo» y concluye que se produce la violación de los mismos artículos de la Carta Magna reseñados en el caso anterior.

Cabe recordar que el mencionado sindicato ha pedido la suspensión cautelar de todos los protocolos y estatutos de las agencias creadas tras la reordenación del sector público andaluz. Recursos admitidos todos a trámite por el TSJA. Asimismo, presentaron tres denuncias por la vía penal que, según aseguran fuentes jurídicas del SAF, «siguen todas adelantes».

Esta central sindical fue además la primera en recurrir el polémico Decreto-Ley 5/2010, norma que inició el proceso de reestructuración, ante el TSJA. Llegó incluso a querellarse contra el Consejo de Gobierno –denuncia que no prosperó– y a recurrir la primera sociedad mercantil, creada al amparo del mencionado Decreto-Ley. Fuentes del SAF lamentan que, pese a que «la Justicia está dando la razón a quienes hemos recurrido la integración del personal de las agencias, sus resoluciones no se llevan a la práctica».

Temen que el Gobierno andaluz «siga adelante con el proceso integrador e intente agotar la vía judicial hasta que haya una resolución del Tribunal Supremo». Un camino que se prevé extenso. Mientras, las mismas fuentes plantean una serie de interrogantes: «Si esos trabajadores, que cobran de los Presupuestos de la comunidad, no están integrados en las agencias –por los autos que han anulado el traspaso–, ¿dónde están? Y, sobre todo, ¿qué hacen?». Punto en el que avisan de que «por ley no pueden llevar a cabo funciones reservadas a los funcionarios».