Empresarios «deseosos de cobrar» presionaron al ente pagador de los ERE

Un ex directivo de IDEA apunta al abono de convenios con fondos propios de la agencia pero dice que no sabe «si pasó»

En la sesión del juicio de la pieza política de los ERE de ayer se superpusieron versiones al acoger la declaración de cuatros testigos, aunque quedó flotando en la Sala un relato común con matices. El ex responsable del departamento de Administración y Finanzas de la agencia IDEA Pablo Millán dejó claro que la finalidad de la partida 31L, la que nutrió las ayudas sociolaborales ahora investigadas, «era conocidísima» y el responsable de ésta «era sin duda el director general de Trabajo» porque, sostuvo, «lo determinaba la Ley de Presupuestos». La Fiscalía le preguntó si recordaba haber recibido alguna llamada de ese cargo «instándole a agilizar o a priorizar» y contestó que «posiblemente». «Nosotros hacíamos al año 8.000 o 9.000 pagos y teníamos siempre alguna presión de algún empresario deseoso de cobrar porque las ayudas eran necesarias para la continuidad de la empresa», expuso sin parpadear.

Explicó que a su departamento los convenios particulares «llegaban ya firmados» y allí se contabilizaban y se abonaban «si era posible en aquel momento». A interrogantes del Ministerio Público y de varias defensas trató de dibujar, porque oír a veces puede ser una forma de ver, el mecanismo de funcionamiento que el IFA –luego agencia IDEA– puso en marcha para desembolsar esos fondos públicos asignados por la Consejería de Empleo. Pero lo hizo sin mucho éxito. Relató que le abrían «una cuenta deudora a Empleo» por el importe global de lo que se destinara a ese programa en la Ley de Presupuestos y a lo largo de todo el ejercicio se hacían transferencias para sufragar las ayudas. Subrayó que la tarea de su agencia empezaba y acababa en el pago, parcial o fraccionado en «algunos casos», según admitió, y que suponían que los convenios habían pasado todos los controles legales.

Repitió en múltiples ocasiones de formas distintas la idea de que «nunca se pagaba nada si no había un convenio firmado» y esto sólo se producía cuando les hubieran transferido el dinero desde Empleo. Si bien, tras querer saber el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, si se llegaron a soportar alguna vez convenios sin que el IFA contase con los fondos dejó abierta una puerta al uso de dinero a fines distintos para los que estaba destinado –lo que podría implicar presunta malversación– difícil de cerrar. «No lo sé. Pudiera ocurrir, pero tampoco sería una anomalía que, a lo mejor, sin haber llegado todavía digamos en febrero los fondos –de ese mes–, creo se podía haber pagado un convenio esperando que llegaran, pero porque teníamos la seguridad absoluta» de que entraría, aseveró. Para acabar con un, de nuevo, «no lo sé si pasó». El presidente volvió a cuestionarlo sobre con qué dinero se haría y apuntó a la posibilidad de detraerlo de «otro cualquiera» para luego «restituirlo». «Eso puede haber pasado una vez o dos, no mucho más», continuó. El magistrado le recordó que había dicho que un presidente del IFA se negó a costear las subvenciones sin los fondos, y Millán anotó que el remanente de compromisos pendientes podía alcanzar los 25 o 30 millones y que se contabilizaban como deuda. «Cuando se había agotado la línea presupuestaria del año y seguían llegando convenios, los recogíamos en el pasivo y los contabilizábamos, no los escondíamos –añadió–, pero a la vez dábamos de alta el reconocimiento de deuda que Empleo tenía para subvenir esos convenios». Desde el embrollo trasladó a Calle que al hablar de los que se podían adelantar «no eran esos». Lo que planteó, sin saber si ocurrió, es que «en el trayecto hasta que se agotaran los fondos» se le podía dar, «a lo mejor» un adelanto a un convenio, «pero mientras» existiera dinero por venir. «Cuando se agotan los fondo ya no se paga nada más», cejó.

Le precedieron tres ex miembros del consejo rector de IFA/IDEA que coincidieron en que las subvenciones de Empleo eran para el ente pagador algo «residual». El ex secretario general de Innovación Ángel Garijo contó que se les dedicaba en las reuniones «el tiempo de leerlas» por el título. «Era prácticamente un automatismo, no había discusión de ningún tipo», garantizó. «Se entendía que el trabajo lo había efectuado la consejería», condensó más tarde. El director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, lo describió como una cuestión «de trámite». A su juicio, adquirieron relevancia por el juicio, pero para ellos, en su etapa, «no tenían ninguna y se ocupaba» de ese tema «al final» cuando se estaban «yendo». Para Carlos Soriano, viceconsejero de Relaciones Institucionales, eran «rutina», un «hecho habitual» arrastrado «de atrás».

Un informe del Ministerio de Trabajo no se incorporará a la pieza política

La representación procesal del ex consejero de Empleo Antonio Fernández trasladó a la Audiencia de Sevilla que había tenido conocimiento de que el juzgado que instruye la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos había recibido, en el ámbito de la pieza sobre Río Grande, un informe procedente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 10 enero 2018, que no obraba en la documentación del juicio de la rama política. Ello, pese a que el documento contenía afirmaciones de «relevancia», que podían ser clave para determinar por comparación la legalidad de las ayudas concedidas por la Junta que se analizan. Por ello, pidió al tribunal provincial que librara oficio al juzgado de Instrucción para que, «a la mayor brevedad posible» aportara «testimonio del mismo para su incorporación» al procedimiento en el que se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el propio Fernández o los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si bien, la Sección Primera de la Audiencia que los enjuicia se ha negado a su pretensión. Vía providencia, deja claro que «no ha lugar a lo solicitado al haber precluido el trámite para la proposición de pruebas».