Empresas privadas tendrán acceso a los datos de los solicitantes de dependencia

La Junta de Andalucía no puede asumir con sus medios propios el desarrollo de la ley de dependencia. Por ese motivo ha licitado un contrato para que una empresa externa colabore con la administración en el proceso administrativo que se sigue hasta conseguir el reconocimiento de este derecho. En concreto, el contrato de servicios persigue que una sociedad se encargue de la grabación de solicitudes de reconocimiento de a situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y de las resoluciones aprobatorias y revisiones de los Programas Individuales de Atención (PIA), así como de las extinciones de los recursos y servicios asignados a personas en situación de dependencia reconocida.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, es la que realiza esta función. Se trata de una agencia pública empresarial que ahora no puede asumir esta tarea debido «al incremento de datos a grabar». Justifica esta externalización porque «ha procedido a implantar una serie de aplicaciones informáticas orientadas a mejorar su gestión, y que requieren ser alimentadas de manera constante».

Esta decisión tiene varias aristas porque datos sensibles estarán en manos de empresas privadas ajenas a la administración. De hecho, el pliego consultado por este periódico, señala que la empresa adjudicataria recogerá las solicitudes en cada una de las delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social o en cualquier otro lugar previamente designado por la Agencia de Servicios Sociales» y trasladará esa documentación para su «manipulación y calificación» según las directrices indicadas desde la correspondiente delegación provincial. También se señala que la “empresa adjudicataria será responsable de la custodia de los documentos».

La recepción de datos sensibles por parte de la empresa adjudicataria será permanente, toda vez que recibirá de la Agencia los datos relativos a las «resoluciones aprobatorias y a las revisiones de los Programas Individuales de Atención (PIA), así como a las extinciones de los recursos y servicios asignados a personas en situación de dependencia reconocida».

Las cantidades económica del contrato licitado dependen de los datos grabados. Así, la Junta propone abonar 126.514 euros por las solicitudes; 42,900 por la grabación de resoluciones aprobatorias; 20.000 por revisiones de PIA; y 8.450 euros por las extinciones de los recursos asignados.

Según consta en la memoria presupuestaria de las cuentas del presente ejercicio, los gastos de personal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia asciende a 40.205.0702 (35.806.4062 en 2017), de los cuales 31.462.2512 corresponden a sueldos y salarios y 8.742.8192 a cargas sociales. El incremento respecto a 2017 se debe por un lado a la actualización de los datos derivados de la realidad de la gestión de los RR HH, a lo que se une la incorporación de personal necesario para atender al crecimiento exponencial del colectivo atendido por el Servicio Andaluz de Teleasistencia y que supone la contratación de 50 personas en prácticas. La plantilla estaría compuesta por 1.366 trabajadores (1.316 trabajadores en 2017). La principal partida de personal corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia con 15.458.055 euros, seguida de la Atención a la Dependencia con 13.060.760 euros.