Enmienda a la raíz del dictamen de C’s sobre los cursos para apuntar a Díaz

Todos los partidos excepto el suyo han querido pulir las raíces del dictamen-síntesis elaborado por Julio Díaz (C’s), presidente de la comisión de investigación que analiza en el Parlamento los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz. El PP-A registró ayer 189 enmiendas en un profuso trabajo de 200 páginas, en el que planteó la supresión de 371 párrafos del texto de partida, lo que supone el 60% del mismo, y señaló la “responsabilidad política” de la jefa del Gobierno autonómico, Susana Díaz. “En los años en los que ha ejercido como presidenta de la Junta”, se asevera en el documento, “se han perdido 800,3 millones de euros que se tenían que dedicar a actuaciones en materia de formación profesional para el empleo”. “Y ello -concluyen los populares- por la irresponsable decisión que tomó de paralizarla”. Aunque Díaz no es la única que adhirieron al capítulo de responsabilidades políticas, junto a ella destacan el actual titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, así como la de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Los dos primeros fueron colocados en esa categoría también por IU debido a su «acción negligente” y a su “pasividad». Señal de éstas son, a su juicio, cuestiones como que en un informe de la Intervención General de la Junta (IGJA) referido a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del 15 de diciembre de 2016, se asevere que, “no se han implantado de forma suficiente las recomendaciones propuestas”. Para la federación de izquierdas, durante la comisión ha quedado constatada la existencia de una “red clientelar” y de un “fraude” políticos respecto del “deber de buen gobierno y buena administración”. De su lado, incluyeron como responsable a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por no comparecer y al ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, por abandonar la sesión de la comisión en la que intervino antes de que finalizara.

Al igual que IU, Podemos, que presentó 38 enmiendas y abogó por eliminar 184 puntos del dictamen de Díaz, lo que equivale de nuevo al 60%, cree que las responsabilidades políticas alcanzan a Báñez y a la presidenta de la Junta que paralizó los cursos, por lo que la comunidad “lleva cinco años sin ellos y se han perdido 800 millones”, lamentaron fuentes de la formación morada. Si bien en su caso, ponen el acento además en que la comisión “se cerrara en falso” al no haberse escuchado “a los formadores ni a los alumnos”.

El PSOE-A, en otra dirección, quiso dejar claro con sus matizaciones que de la documentación manejada por los comisionados y lo declarado por los comparecientes no se puede concluir que existan “pruebas ni evidencias” que fundamenten la existencia de “una trama organizada”, ni de que haya habido “negligencia”, “permisividad”, ni ningún otro tipo de comportamiento inadecuado que permita atribuir algún tipo de responsabilidad política a “autoridades” o “funcionarios”. Lo que sí ven los socialistas es una “causa general contra el Gobierno andaluz y el PSOE”, por parte de algunos grupos. El propio C’s sumó otras 22 enmiendas, en su caso de tipo formal o redaccional.