Ex de Delphi denuncian a Chaves y a Griñán por prevaricación

Presuntos delitos de prevaricación, simulación de contrato y falsedad documental. Esto es de lo que la Asociación de ex trabajadores de Delphi acusa en una denuncia interpuesta en los juzgados de Sevilla contra los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, y otros cargos de la Junta que pudieran estar implicados en los hechos a investigar.

La asociación, que representa a unos 400 ex empleados de la multinacional, arranca el relato de su denuncia, pendiente de reparto, el 31 de julio de 2007, cuando Delphi «efectuó un despido colectivo por el cierre de su factoría del polígono El Trocadero» en Puerto Real (Cádiz). Tras el cerrojazo, el Gobierno regional «asumió el compromiso de atender de forma específica» a los afectados, incluidos los trabajadores de las empresas auxiliares, y conseguir su recolocación en entidades de la bahía gaditana. Se armó el denominado Dispositivo de Tratamiento Singular previsto en un Protocolo de Colaboración que se acordó el 4 de julio de 2007 entre las consejerías de Empleo e Innovación y los sindicatos. En el contexto de ese pacto, se inició en 2009 un programa de contrataciones en empresas y se estableció que a los no recolocados se les impartiría formación específica que conllevaría «su contratación y alta en la Seguridad Social» con una base de cotización «equivalente a la de un oficial de tercera del convenio colectivo del metal» de Cádiz. Para ello, la Junta otorgó subvenciones directas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –investigada judicialmente– para la ejecución de acciones formativas y repartió ayudas excepcionales a entidades que contrataron a integrantes del Dispositivo de Tratamiento Singular. De esos fondos resultaron beneficiarias organizaciones del ex consejero Ángel Ojeda –investigado también en los tribunales por el supuesto fraude en formación– como la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura) o la Asociación para la Calidad Europea (Inteca); y otros entes como la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca).

Años después, entre los meses de diciembre de 2015 y febrero de este año, miembros de la asociación ahora denunciante recibieron demandas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tramitadas ante los juzgados de lo Social de Cádiz, con las que pretendían que se declarasen «indebidas» las prestaciones de desempleo percibidas por aquellas contrataciones. El SEPE se apoyó para ello en un informe de la Inspección de Trabajo que concluye que la actividad de los ex Delphi no respondió a servicios de carácter laboral, sino que sólo recibieron formación, por lo que levantó actas de infracción, confirmadas luego en resoluciones sancionadoras. En ese documento, la Inspección afirma haber comprobado la existencia de «un sistema de subvenciones directas concebido» por la Administración andaluza con el fin de «dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría». Parte de esos fondos, añade, «se destinó a financiar la simulación de relaciones laborales –con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones– para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número» de personas, sostiene la Inspección. Si bien, matiza que no se aprecia «la concurrencia de dolo, culpa o negligencia en la participación de los ex trabajadores» en ese sistema.

Hubo nueva reacción. Fueca presentó en los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Empleo y contra 416 ex operarios de Delphi para impugnar la resolución de dicha Administración de julio de 2015 en la que impuso una sanción de más de 2,62 millones por 420 infracciones constatadas por simulacro de contrataciones con las que se cobraron prestaciones «indebidas» de la Seguridad Social.

En este punto de la historia, el colectivo de ex de Delphi, que fue «obligado a firmar individualmente su adhesión al protocolo», lamenta haber sido objeto de relaciones contractuales que «ahora parecen resultar no ajustadas a derecho» y que podrían ser «anuladas judicialmente», de ahí su acción contra Chaves, Griñán y los ex consejeros. Los consideran «responsables del sistema de contratos simulados» para mantener una fórmula que, al final, ha resultado «sumamente perjudicial» para ellos. En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, piden al juzgado que se practique una serie de diligencias que incluye el interrogatorio de los señalados.

Cambiando el foco, la asociación puso una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se encuentra ya en «fase de conclusiones», y el grupo de encerrados en un edificio de Cádiz para exigir una solución al eterno conflicto, cumplió ayer 800 días de reclusión.

Interventores admiten irregularidades en el juzgado

La interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao, declaró ayer como testigo ante la jueza María Núñez Bolaños dentro de la causa sobre el supuesto fraude en formación, tras su paso por la comisión parlamentaria que investiga ese asunto, y le aseguró que los certificados de finalidad de los cursos reflejaban más gastos de los realmente realizados. Según fuentes del caso, Chao, quien acudió al juzgado por la pieza centrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), admitió que éste «no fue capaz de aportar las resoluciones de homologación» de los centros que impartían los cursos y que debió ser «más estricto» en la gestión y el control de éstos. Declaró también el interventor en Almería, Juan José Castillo, quien expuso algunas irregularidades detectadas, como el incumplimiento de contratar al 60 por ciento de los alumnos.