Fadeco teme que el decreto de función social de la vivienda vulnere la Constitución

La Junta aprueba hoy una norma que dará, según Cortés, «argumentos objetivos a las necesidades de la mayoría»

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés

La Junta de Andalucía sacará hoy adelante el decreto sobre la función social de la vivienda, que, según la consejera Elena Cortés, dará «argumentos objetivos» para responder «a las necesidades de la mayoría social, del pueblo trabajador y del pueblo que está sufriendo un menoscabo en el derecho a la vivienda».

Mientras la consejera de Fomento y Vivienda resaltó que el fin del decreto es que «se cumpla la función social de la vivienda» y se tenga en cuenta la «situación complicada» de las personas ante la crisis, Fadeco, la patronal andaluza de la construcción, indicó que establecer «posibles sanciones» a viviendas vacías puede «dificultar» la venta de inmuebles y supone «una manera absolutamente equivocada» de afrontar la falta de pisos.

La patronal solicitó que, antes de hablar de sanciones, «primero habrá que saber qué se entiende por pisos vacíos». «Si no se define el concepto, se puede caer en expropiaciones de bienes privados por razón de una finalidad altruista o social, y con esa 'expropiación' no estamos de acuerdo ni tiene el más mínimo sentido».

La patronal advirtió también de la inconstitucionalidad de eventuales sanciones de la Junta a las personas jurídicas que disponen de casas vacías. «Habrá que ver si el legislador tiene competencias y si esa forma de legislar no roza con ningún precepto de la Constitución», añadió Fadeco. «Los avances que nos llegan no nos suenan bien y es una manera de abordar el problema de la vivienda absolutamente equivocada», recogió Europa Press de fuentes empresariales. «Legislar es muy fácil, pero con lo que se legisle debe haber estudios económicos detrás y ver las repercusiones, y hacer un estudio de las viviendas y de la situación del sector», exigió Fadeco. El vicepresidente de la patronal, José Prado, indicó a Efe que la medida supondría un «ataque frontal» a los derechos inherentes al Patrimonio.

Según Elena Cortés, el decreto aportará «argumentos objetivos» para «poner la política al servicio de las necesidades» de los ciudadanos. La consejera añadió que «desde junio de 2012 en el parque público de viviendas de Andalucía no se desahucia a nadie que haya sufrido un menoscabo o empobrecimiento sobrevenido de su economía familiar como consecuencia de la crisis». La Junta informó ayer de que la oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en Huelva ha evitado «126 desahucios» desde principios de octubre, tras anexionar ayer nuevos ayuntamientos al programa, hasta sumar ya 107 en Andalucía.

Se calcula que en Andalucía hay unas 40.000 viviendas vacías en manos de promotores y constructores; de ellas, 11.000 están en la provincia de Málaga, de las que entre 4.000 y 6.000, en manos de bancos, están en la Costa del Sol. Esta zona, entre 2004 y 2007 acaparó el 40% de las viviendas vendidas a no residentes en España. El excedente de inmuebles se redujo en 8.900 viviendas en 2012, 3.600 de ellas vendidas a británicos, noruegos, rusos o alemanes.