Fitonovo urdió una sociedad falsa con la que mantiene una concesión municipal en Sevilla

Del reparto que el Ayuntamiento de Sevilla hizo en 2012 para encargar el cuidado de las zonas verdes de la ciudad, se benefició la principal empresa investigada en la «Operación Madeja», que instruye la juez Mercedes Alaya. Este punto en concreto está siendo objeto de seguimiento por cuanto supuso un «pellizco» de 10,4 millones para Fitonovo, cuyo administrador e hijo del dueño permanece encarcelado desde el pasado 16 de diciembre.

El suculento negocio de 48 millones de euros por el que pujaron hasta 29 empresas –en solitario o constituidas como unión temporal de empresas (UTE)– recayó finalmente en seis distintas. En el caso de Fitonovo –que está detrás al menos de otra de las adjudicatarias, Conversa SL–, optó por presentarse junto a otra empresa sevillana, Limpiezas Lorca. La sociedad se creó expresamente para concurrir a esa concesión y mantiene actualmente su sede en las mismas oficinas centrales de Fitonovo en Salteras que han sido registradas en dos ocasiones por la Guardia Civil, en busca de documentos que acrediten una hipotética contabilidad «b» que confirme las sospechas de pagos para obtener favores en concursos públicos.

En el caso de la UTE Fitonovo-Limpiezas Lorca sólo un mes después de cerrarse el contrato que la liga hasta 2016 al Consistorio hispalense, se produjo una alteración determinante en su accionariado. Según ha podido saber este periódico, la primera se hizo con el 99% de la propiedad el 9 de noviembre de 2012, ostentando a todos los efectos el control de la nueva compañía y, por tanto, de sus negocios. De esa forma, Lorca pasaba de disponer de un 20% a un 1% testimonial, suficiente para evitar la obligada disolución de la sociedad que habría podido suponer la rescisión del contrato.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN señalaron que esta operación constituye «un fraude de ley». «Cuando los contratos se hacen bien, normalmente se obliga por parte de la Administración a mantener un porcentaje a cada empresa que forma la UTE», aclaran. Sobre si ese cambio obligaría a convocar un nuevo concurso, las mismas fuentes no tienen duda al respecto: «Si deja de existir como tal habría que hacer de nuevo la concesión».

La unión temporal de dos o más empresas se fundamenta en la existencia de un objeto social único, consistente en la realización de la obra o servicio en común. La duración de la UTE vendría determinada por la que tenga la obra o servicio a desempeñar de manera conjunta, algo que en el citado caso se vulneró de forma flagrante. «Comparezco frente al Ayuntamiento ofreciendo garantías de dos empresas y luego cometo fraude. La jugada es de jaque mate», concluyen.

Este contrato, incluido en uno mayor de un total de 48 millones de euros, se encuentra en el foco de la juez Alaya y del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quien anunció que se estaban analizando los pormenores de la adjudicación para descartar posibles irregularidades, así como en la ejecución. Este fraude supondría sin embargo un paso más por parte de Fitonovo, que habría utilizado de forma ilegal una fórmula mercantil para tapar que en realidad era la única beneficiaria. Un ardid del que el Ayuntamiento no habría sido informado.