Guerrero: el investigado incómodo

Tras años de pelea judicial logró que la Junta le pague 712 euros al mes y sabe que es el acusado «con todas las papeletas»

El juicio de los ERE se retoma mañana con las cuestiones previas en las que se clarificará si será el primero en comparecer o no

Francisco Javier Guerrero volverá mañana al área de los acusados cuando a partir de las 10:00 horas se retome el primer juicio de la causa de los expedientes de regulación de empleo irregulares (ERE), tras las tres primeras sesiones de puro trámite celebradas el pasado diciembre. Se sentarán en la silla todos los hombres que es: el esposo, el padre, el abuelo en el que se ha convertido por partida doble durante los siete años que ha durado la instrucción del proceso, el ex director general de Trabajo al que se llamaba rápido e incluso desde lejos si había una crisis laboral en la comunidad, el presunto delincuente cuyo nombre se repite en las múltiples piezas en las que se ha atomizado el «macroproceso», el autor del poemario «Cuando una noche llueva»...

El «caso ERE» ya le ha costado diez meses. Los que pasó en la cárcel a la que lo envió la primera instructora del proceso, la jueza Mercedes Alaya. Le ha hecho tragar el líquido agrio que supone tener todos sus bienes embargados, incluida una motocicleta Suzuki VL250, para garantizar la fianza civil de 686 millones de euros que la magistrada le impuso. Su encausamiento le ha supuesto también pasar de héroe a villano para muchos y escuchar algún insulto por la calle. Pero ha hecho de su barrio sevillano su trinchera, en la que, superado el shock inicial o tal vez para tratar de hacerlo, ha intentado mantener unos modos elegantes y un tanto coquetos, cultivar su simpatía elástica. Le sigue gustando fumar Marlboro, como le confesó a Alaya. Pero ahora raciona los cigarrillos porque las circunstancias económicas mandan y no dice que no a una invitación, si el día le sorprende con alguna espontánea.

Ha peleado con la Junta en los juzgados para que ésta le concediera el reingreso. Tenía derecho a un puesto como funcionario, pero no lo ha logrado, lastrado por titulares y acusaciones que incluyen el gasto de dinero público en la compra de cocaína y regalos, según aseveró uno de sus ex chóferes –investigado en la causa–, y que él siempre ha negado. Tampoco otro empleo fijo en el que gastar el tiempo. Lo que sí ha conseguido, después de llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), es que la Administración autonómica le pague una asignación, los 712 euros que cobra al mes desde el año pasado.

Con ese bagaje ha llegado al juicio, para compartir espacio con otros 21 imputados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En Sala hace notar menos su disgusto que otros de los compañeros de silla cuyas historias se chocan. Aunque sabe que es uno de los que más miradas acapara. Sobre él siempre ha planeado la posibilidad sombreada de que tire de la manta, por lo que es un investigado incómodo para algunos al que, de momento, nadie quiere dejar de saludar. Desde su entorno trasladan a LA RAZÓN que «está convencido de que ninguno lo va a defender nunca ni va a apostar por él», pero auguran que no destapará nada más comprometido para nadie porque sería «echarse más carga en la espalda». El propio Guerrero asegura haber alcanzado la Sala «tranquilo» y afrontar su enjuiciamiento de forma «positiva», aunque consciente de que «alguien tiene que pagar en este caso» y de que él tiene «todas las papeletas». Cree que la «macrocausa» se ha convertido en un «despropósito absoluto» y necesita que «pase ya lo que tenga que pasar de una vez». En ese pasar cabe la vuelta a prisión. Lo sabe. Quiere desprenderse de peso, como un cohete de sus módulos inútiles, y que «le dejen vivir con dignidad lo que sea». Respirar. Anhela el alivio del cese de la incertidumbre. Las fuentes de su círculo consultadas trasladan a este periódico que está convencido de que «durante los nueve años que estuvo en el cargo de director general» hizo «lo que creía que tenía que hacer y no lo hizo mal». Es más, considera que en los últimos tiempos «se ha echado de menos que alguien del Gobierno andaluz dé un paso al frente para estar en las crisis que se han seguido produciendo en la comunidad».

Al margen de opiniones, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla reanudarán su trabajo con el trámite de las cuestiones previas, en el que defensas y acusaciones podrán plantear todos aquellos asuntos sobre los que entiendan que debe pronunciarse el tribunal. Se prevé que algún letrado como el de Griñán pida incluso la nulidad de las actuaciones de esta pieza centrada en el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas que nutrieron los ERE. Habrá que ver qué solicitudes prosperan y cuáles no. Por confirmarse está también si Guerrero arranca o no la ronda de comparecencias, tal y como planteó expresamente la Fiscalía en un escrito. Su representante procesal en este bloque, Fernando de Pablo –la relación abogado/cliente ha pasado por distintas fases desde el origen de la explosión de los ERE–, duda de que sea así finalmente. Lo que sí parece tener claro es que en los próximos meses se demostrará que en el asunto que se juzga «puede haber alguna irregularidad administrativa» pero «sin tintes penales». De lo que pase en este juicio dependerá en buena medida el desarrollo de los otros bloques del «macroproceso» por los que el ex director general de Trabajo continúa siendo citado a declarar. Lo fue, de hecho, este miércoles por un par de subvenciones dadas a la empresa Autologística Andalucía, pese a tener cita ya en la Audiencia. A Guerrero le queda camino judicial por recorrer y tendrá que seguir haciendo de la calma su manera.