Hacienda tenía el «grifo» de las ayudas de los ERE que pudo «cerrar» la Intervención

«Testigo». Ése es el papel que según Juan Antonio Carrillo, perito que participa en el juicio de la pieza política del «caso ERE» a propuesta de la ex consejera andaluza Carmen Martínez Aguayo, tenía la Consejería de Hacienda en relación a los informes de la Intervención de la Junta relativos a la agencia IDEA, antes IFA, que actuaron de entes abonadores de los fondos públicos que concedía en esencia la Consejería de Empleo y se analizan en la causa. El catedrático defendió ayer en la Sala de la vista oral que ese departamento tenía el «grifo» del dinero para las subvenciones, pero la «llave» para cerrarlo estaba en poder de la Intervención que era la que pudo haber emitido un «informe de actuación» que frenara los pagos, según trasladaron a este periódico fuentes del caso. Sólo así, el titular de Hacienda podría haberse convertido en actor para elevar al Consejo de Gobierno los reparos del órgano fiscalizador del Ejecutivo autonómico.

Si se amplia el foco, el jefe del equipo de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), Ángel Turrión, situó en el 2000 un cambio, que fuentes consultadas por este diario ligan «al Consejo de Gobierno» de la Junta. A preguntas de la Fiscalía, el experto explicó que se modificó el sistema para pasar de repartir las ayudas tramitadas como expedientes de subvenciones, lo que implicaba fiscalización previa por parte de la Intervención, a otro en el que se utilizaron las ya populares transferencias de financiación, se aplicó un código presupuestario «erróneo», y se esquivó el control previo, lo que permitió que se contrajeran obligaciones de pago incluso «por encima del crédito».