La comisión del fraude de los cursos apunta a Chaves y Griñán

El dictamen del Parlamento andaluz recoge la responsabilidad de ambos.

«Se ha constatado que la actuación de los responsables políticos que se han ido sucediendo en la consejería –de Empleo– con competencias en la materia –formación–, ha ido marcada por una gran falta de coordinación, comunicación y continuidad en la gestión, lo cual ha contribuido sin duda, a los “desórdenes” e incidencias» cuya existencia se admiten en el dictamen elaborada por el presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las ayudas formativas, Julio Díaz (Ciudadanos). Sentada esa base, que han existido «irregularidades» ligadas a los fondos con los que la Junta ha subvencionado desde 2002 los cursos, ¿dónde ha colocado Díaz el listón de las responsabilidades políticas por el presunto fraude? En los ex presidentes del Gobierno autonómico, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes se les culpa en última instancia de «los nombramientos de los diferentes titulares» de Empleo y a los que se les atribuye «la superior dirección y coordinación de todas las consejerías». Quien queda libre de toda sombra en esa presunta actuación de la Administración andaluza marcada por los despropósitos, a tenor de la propuesta del presidente del órgano parlamentario, es la actual jefa del Ejecutivo regional, la también socialista Susana Díaz.

En relación a Chaves, en el documento de 136 páginas al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se recuerda que fue presidente de la Junta «desde el traspaso de las competencias en materia de Empleo y Formación para el Empleo hasta abril de 2009», o dicho de otro modo, el periodo de «inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo de las políticas» diseccionadas por la comisión. Su responsabilidad es, a juicio de Díaz, «“in eligendo”e “in vigilando”» a lo largo de todos esos años.

En el caso de Griñán, le achaca sólo la primera, «in eligendo», y matiza que durante su etapa, en concreto en 2012 se publicó la última convocatoria de subvenciones de formación para el empleo» destinada a los consorcios, y antes, desde 2011, «ya no se publicó ninguna para el resto». Sobre este punto, la ausencia de convocatorias de subvenciones desde 2012, el presidente de la comisión alude a Díaz para hacer suyo su discurso de que «adoptó la decisión de mantener» esa paralización, a partir de septiembre de 2013, ante las sospechas que se cernían sobre la gestión de los fondos públicos y señalar que dicha decisión «ha conllevado un perjuicio social, ya que los desempleados no han podido tener acceso a la formación».

Se da la circunstancia de que en el otro plano en el que también se aborda este asunto, el judicial, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que ambos ex presidentes sean citados en calidad de investigados en uno de los procesos abiertos en la comunidad, en esta ocasión por un juzgado sevillano.

Además de a Chaves y a Griñán, el representante de Ciudadanos apunta a los sucesivos titulares de la Consejería de Empleo y de las viceconsejerías competentes en materia de formación profesional para desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012. Según se desprende del apartado de conclusiones, pese a las anomalías, no se habría producido menoscabo de fondos públicos, si bien, se puntualiza en el texto que tres expedientes, que sumarían un importe de 58.473 euros, «pudieran estar prescritos» e insta a la consejería a «recuperar hasta el último céntimo de euro».