La confrontación pisa el acelerador

Siete recursos presentados ya ante el Tribunal Constitucional y tres en camino contra la Lomce, la ley del aborto y la ley de administración local, «inaplicable» según la Junta. La confrontación política trasciende el ámbito de la dialéctica y lo parlamentario. Sobre todo, cuando Estado y comunidad están regidos por diferentes siglas políticas. Con Susana Díaz no difiere la estrategia respecto a Griñán y Chaves, tampoco con Rajoy en relación a Aznar. Aunque a los políticos se les llena la boca con promesas de no judicializar la vida política, las cifras indican que su estrategia no ayuda a paliar el colapso de los juzgados.

Esta legislatura, los recursos han alcanzado el ritmo de la época de Chaves y Aznar. En su arranque, Griñán recurrió hasta cinco leyes de Rajoy: educación, energías renovables, sanidad, liberalización de horarios comerciales y la ley de tasas judiciales (en dos ocasiones). Susana Díaz ya ha recurrido la ley de costas y hará lo propio con la reforma local, según dijo, antes del 28F; y con la ley del aborto y la Lomce. La Junta sumará diez recursos por resolver, ocho sólo en esta legislatura. El del decreto antidesahucios fue el decimotercero presentado por el Ejecutivo central. En total, entre ambas administraciones, suman 23 litigios (tres de ellos, de momento sólo anunciados).

La secretaria general del PSOE andaluz anunció que «va a luchar desde todos los frentes posibles», porque «la política local es la primera línea de la democracia, la que está en contacto con los ciudadanos y tiene que ser la primera línea de los retos que los socialistas tenemos por delante», en relación al recurso contra la reforma de la Administración local.

El Constitucional se ha convertido en una cámara paralela de la contienda política. Al recurso estatal contra el decreto de función social de la vivienda se responde con otro contra la ley de costas. Así sucesivamente. La rivalidad judicial se acrecienta en las etapas de más crispación Madrid-Sevilla. Esto es: entre 1996 y 2004; y ahora. Los conflictos contra el Gobierno de Felipe González fueron tres entre 1982 y 1986. De 1990 al 94, no hubo ningún recurso. Entre 1996 y 2000, con Aznar en La Moncloa, se contabilizaron 21 recursos de la Junta; de 2000 a 2004, 31 recursos. Paradójicamente en relación a la dialéctica empleada por unos y otros, el Gobierno central es el que más asuntos pendientes acumula en la actualidad contra la Administración. Con aparente menos ruido, el Gobierno recurre más. De los 23 recursos de inconstitucionalidad pendientes, 13 provienen del Ejecutivo de Rajoy. Una decena ha anunciado la Junta contra resoluciones de carácter estatal desde que el PP vuelve a gobernar. Tras una legislatura de calma chicha —entre 2008 y 2011, el Constitucional sólo tiene registrados dos recursos entre Andalucía y el Estado—, la litigiosidad se ha disparado. Durante los ocho años de Aznar, las comunidades y el Gobierno central se cruzaron en el Constitucional 365 recursos y conflictos. Esa cifra se redujo a casi a la mitad –hasta los 192– durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). La financiación autonómica marcó el conflicto Estado-Junta en la época de Aznar, entre 1996 y 2004, con hasta once recursos por este motivo. Con la llegada de Zapatero, todos fueron retirados de golpe en un único Consejo de Gobierno de junio de 2004. Los desencuentros actuales abordan desde cuestiones políticas con trasfondo económico –como la reforma local– aspectos de ámbito social como la ratio de alumnos por aula o el copago farmacéutico. El bipartito también se ha opuesto a las nuevas tasas judiciales, la liberalización de horarios comerciales y las medidas relativas a energías renovables.

En los recursos interpuestos desde Moncloa, la subasta de los medicamentos es una constante. El Gobierno de Rajoy entiende que vulnera las competencias del Estado en Sanidad y legislación farmacéutica. La Junta ha hablado de «falta de respeto» al Tribunal Supremo por la reiteración de recursos similares. Por si acaso, el Gobierno central aborda una nueva legislación que podría dificultar la subasta en Andalucía.

Este ir y venir de recursos provoca la dilación en el tiempo de las resoluciones. En enero de 2013, por ejemplo, la Junta conoció que el TC anulaba una ley autonómica de 2002. Una década después, se otorgaba libertad de colegiación a los funcionarios públicos. Es lo que el consejero De Llera denomina recursos «gran reserva».

Los conflictos se repiten con más frecuencia entre el Estado y las comunidades de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. El 66,5% de aproximadamente 1.450 impugnaciones registradas desde 1980 afectan a estas cuatro autonomías. Navarra y Asturias también recurrieron las decisiones del Gobierno sobre la prestación de servicios públicos, las medidas para la sostenibilidad del sistema de salud y el gasto en educación. Navarra y Extremadura se aliaron con Andalucía contra la estabilidad presupuestaria. Cataluña también se posicionó contra las tasas judiciales.

CLAVES

Más de 1.450 litigios entre Estado y comunidades

En los últimos 34 años, las comunidades y el Estado se han cruzado más de 1.450 impugnaciones. Alrededor de 110 corresponden a pleitos entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía, lo que supone por encima del 7,5%. La que más recurre es Cataluña, con cerca del 33% del total.

Más de un centenar de litigios con la Junta

De los 106 litigios entre el Estado y la Junta, hay sentencia de 48 y en otras 43 oportunidades algunas de las partes ha desistido. La Junta retiró de golpe 14 recursos relacionados con la financiación en 2004, con la llegada de Zapatero a la Moncloa.

Como en la época de Chaves y Aznar

Los recursos siguen la estela de Chaves y Aznar (21 entre 1996 y 2000; 31 entre 2000 y 2004). En 25 meses de Rajoy en Moncloa, se cuentan 23 litigios entre Junta y Estado. A este ritmo, se acabaría la legislatura con 20 recursos regionales y 26 estatales.