La defensa de Griñán sobre los ERE se tambalea en los puntos esenciales

La comparecencia del presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento después de la oleada de detenciones y registros de la «Operación Heracles» por el caso de los ERE tuvo más expectación mediática que fondo.

La comparecencia del presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento después de la oleada de detenciones y registros de la «Operación Heracles» por el caso de los ERE tuvo más expectación mediática que fondo. Pese a la petición del PP de que cada grupo tuviera dos turnos de posicionamiento, el PSOE se opuso esgrimiendo el Reglamento, aunque el presidente de la Cámara fue flexible con los tiempos, especialmente con el jefe del Ejecutivo andaluz. Griñán se limitó a repetir el guión de defensa de su comparecencia en la comisión de investigación del pasado mes de septiembre, ajeno a los pasos que está dando la investigación judicial.

Hay varios frentes que colocan al presidente andaluz en una situación complicada. Fue receptor de los duros informes de la Intervención que alertaban de graves disfunciones, de elevados desfases presupuestarios y de que se estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Griñán elevó modificaciones presupuestarias al Consejo de Gobierno para aumentar la partida de los ERE y, estando ya como presidente de la Junta –accedió en abril de 2009– el «fondo de reptiles» siguió operando igual que en años anteriores, a través de una fórmula irregular, sin que las ayudas pasaran por el BOJA ni por el Consejo de Gobierno y sin que en la mayoría de los casos existiera ni siquiera procedimiento.

Pese a todo, Griñán aseguró ayer que el «sistema ha funcionado», que es «legal» –porque tuvo amparo en diez leyes de presupuestos– y que, de la investigación, lo que se deduce es que «ni siquiera se puede hablar de un fondo de reptiles», sino de unos «desaprensivos» que aprovechándose de su posición incurrieron en un enriquecimiento personal ilícito.

No es eso lo que señala en sus últimos autos la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, que ve en las abultadas transferencias de la Consejería de Empleo el motor principal del «negocio» del reparto de comisiones que se hacía después. Frente a esta tesis, Griñán tildó de «absurdo pensar que el sistema de ayudas fue creado para generar comisiones y beneficios personales». «¿Alguien puede pensar que racionalmente que las crisis de estas empresas fueron inducidas para un uso fraudulento de los fondos públicos?». En esa línea va precisamente la investigación de la juez y de la Guardia Civil. Y a Griñán le toca de lleno, debido a las múltiples modificaciones presupuestarias que propició siendo consejero de Economía y Hacienda (2004-2009). Con estas modificaciones, la Junta «cebó» –por utilizar la terminología del ex interventor general– «el fondo de reptiles».

Griñán asegura que en ningún momento fue consciente de los desmanes que estaba produciendo el sistema. Sin embargo, sí contribuyó a corregirlos. El desfase presupuestario de la partida 31.L era de 38 millones de euros en 2003, según puso de manifiesto un informe especial de la Intervención. Este desfase subió. Griñán reconoció ayer, no lo había hecho hasta el momento, que en 2005, siendo él consejero de Hacienda, el desequilibrio era de 95 millones de euros, y, en 2009, cuando dejó el cargo para sustituir a Chaves al frente de la Junta, se redujo a cero. El presidente andaluz se arrogó el mérito de haber conseguido este equilibrio. Pero es difícil que corrigiera unos desfases tan elevados sin preguntarse qué los estaba provocando. Y lo que los estaba provocando era la fórmula para vehicular los pagos adoptada sobre la que avisó reiteradamente la Intervención, que recomendaba la subvención excepcional. Conviene recordar en este punto la carta remitida por el Interventor al Parlamento: los destinatarios de los informes –Griñán incluido– podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas».

La respuesta del presidente andaluz sobre el pago de sobrecomisiones también se tambalea. Aseguró que «desde el mismo momento en el que se detectaron gastos que podían ser excesivos –confirmando partidas de gastos externos de comisiones superiores a la media–, la Junta actuó». Por eso, a partir de enero de 2012 la Junta solicitó la justificación de las partidas a las mediadoras, y, ante la falta de justificación, «Empleó comunicó la suspensión del abono de las cantidades incluidas en la prima en concepto de gastos externos».

La investigación judicial apuntaba a elevadas comisiones muchos meses antes. Pero desde el Gobierno andaluz se negó su existencia. De hecho, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo en sede parlamentaria que «en la contabilidad presupuestaria no figura ningún pago directo realizado a ningún intermediario».