La «guerra al velador» se libra en el centro

La Policía Local se persona, acompañada de operarios municipales, para retirar los veladores de un bar. La imagen se repite sucesivamente como una ola que recorriera las capitales andaluzas. En los primeros meses del año, la diapositiva ha tenido como fondo las calles del centro de Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla, donde el eco ha retumbado más por lo emblemático del establecimiento afectado y por la bravura con que se han revuelto los afectados –presentaron un escrito ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que considera que la retirada de la terraza de la histórica confitería La Campana es «distorsionadora con la actividad económica»–.

La primera batida se había producido en octubre en las turísticas y peatonales avenida de la Constitución y San Fernando. Fue el primer aviso del Ayuntamiento sevillano. La Semana Santa marcó el fin de la retirada definitiva de las mesas y sillas que chocaban con la ordenanza recién aprobada. Algo similar se vive en Cádiz. El Gobierno podemita ha elaborado un borrador que mantiene en alerta a los hosteleros: la extensión de las mesas en la calle no podrá exceder el aforo del interior del bar, lo que acabará con la actividad de los establecimientos pequeños. Además, las renovaciones serán semestrales o anuales. «Es un palo enorme porque te obligan a pagar por más tiempo y por el máximo de mesas autorizadas», se queja Antonio de María, presidente de Horeca, la patronal de la hostelería andaluza. Cuenta que es habitual que los bares pidieran licencia para la temporada fuerte, julio, agosto y septiembre, y el resto del año se mantenían con menos, pagando también menos impuestos. Pone el ejemplo de la plaza de la Mina, donde de diez se pasa a cuarenta mesas en verano. «Es un abuso espectacular», insiste.

La sensación general es que los veladores han comido terreno a la ciudad, y a los ciudadanos. Un paseo por cualquier casco histórico se convierte en un catálogo continuo: plazas, calles peatonales, incluso las más estrechas. En la Alameda de Hércules de Sevilla, por ejemplo, no queda un solo local que no esté ocupado por la restauración, sea bar, restaurante o local nocturno. La proliferación de los últimos años ha desatado un movimiento opositor que los hosteleros no comprenden. «Hay una apología en contra general, pero nadie aporta razones concretas», protesta De María. En Granada, los permisos se han triplicado en los últimos tres años hasta las 900 terrazas. En una década, Málaga ha pasado de recibir un millón de turistas a que la visiten cuatro millones al año. La hostelería ha crecido con ella. Su nueva ordenanza está siendo debatida con los sectores afectados. «El planteamiento del Ayuntamiento es que no supere el espacio del establecimiento. Ahí van a tener problemas algunos empresarios porque hay mucho negocio pequeño pensado para su terraza», adelanta el presidente de la asociación de hosteleros malagueños (Mahos), Jesús Sánchez. «Hay que poner un poco más de orden en la norma y que las sanciones para quien las incumpla sean más duras», opina.

«Se quedará mucha gente sin trabajo». Ése es el principal argumento de los afectados. «El turismo construye ciudad y la ciudad construye turismo. Esto no se nos debe olvidar –dice Sánchez–. El impacto sería brutal porque impulsa de forma directa o indirecta más de la tercera parte de los puestos de trabajo». Un camarero atiende unas seis mesas y se requiere un cocinero por cada doce. Una cuenta simple para saber que a menos mesas, menos trabajadores. No solo los bares hacen caja, también los ayuntamientos. Sus ingresos dependen de la tarifa de cada ciudad por metro cuadrado de vía ocupado –una mesa completa ocupa unos cuatro metros, incluyendo los espacios de paso–. En Cádiz, diez euros trimestrales; en Málaga, entre 107 y 87 euros al año en la zona más cara, el centro histórico.

La Junta de Andalucía también tiene su cuota de responsabilidad en el conflicto. Desde Mahos solicitan que actualice el Nomenclátor y el catálogo de espectáculos públicos, para incluir establecimientos polivalentes que permitan acoger actividades musicales y culturales sin ser pubs, además clasificar nuevas formas de ocio como los «lounges» playeros.

«No entiendo una ciudad sin la hostelería y no sé a qué se debe esta inquina –lamentan en Horeca–. Si alguien quiere un vasito de agua, allí está la hostelería, hasta por ley hay que ponerla gratis, que ya la poníamos; los baños también se utilizan porque no están preparadas las ciudades...», recuerdan. La tensión, que sus dirigentes intentan rebajar, crece en los empresarios. Su presidente lanza una reflexión última para buscar la complicidad ciudadana: «Que se levanten un día y vean que no hay una sola terraza».

Sánchez cree que «hay que actualizar las normas y definir los criterios para que vecinos y empresarios sepan el terrreno que pisan. Si no estamos creando ambigüedades y con ellas vienen los problemas. Hay que incentivar la convivencia y el consenso», dice respecto a las posibles quejas sobre la actividad en el centro. Lo equipara con que «un alérgico al polen se vaya a vivir al campo. No pretenderán que quiten de ahí el olivar. Otra cosa es que llegue después...», puntualiza.

Pero el debate de los veladores no debe quedarse solo en el mero negocio. Así lo considera Enrique Santos, profesor de Turismo en la Universidad de Sevilla. Para él, es necesaria una «intervención integral» que regule aspectos no ya de espacio, si no de «paisaje urbano». Propone controlarlo en zonas monumentales, «con utilización de una estética común y donde solo se empleen materiales nobles» que expulsen las habituales mesas y sillas de plástico. Advierte también de que la publicidad se exhibe sin control, incluso en zonas monumentales protegidas. Cita como evidente el caso de la sevillana avenida de la Constitución, donde los bares lindan con la Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad.

En su opinión, la incidencia de los veladores ha alcanzado un problema social. Por su dimensión y el alcance de sus efectos –hay que conjugar los miles de empleos que dependen de esos negocios y la convivencia con los vecinos– considera que «hay materia para varios años». Su resolución, advierte, solo tiene un camino, el del consenso. Para Santos, el control de los ayuntamientos para minimizar el impacto debe extenderse a otras parcelas, como los carteles de establecimientos y la publicidad que se permite en los cascos históricos, además de al tráfico rodado e incluso, a los propios turistas. «La masificación, las constantes colas en los monumentos, producen un impacto visual importante, que podría solucionarse con una mejor gestión», asegura. En este punto, advierte a las administraciones de la necesidad de realizar un profundo estudio sobre la tranformación que ha obrado en las ciudades la avalancha de turistas, de la que Andalucía es adalid.