La inversión del Estado sube un 4% y roza el umbral al que obliga el Estatuto

Andalucía no sale mal parada del reparto de inversiones contenido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014. La comunidad recibirá 1.697,74 millones de euros. Es la primera comunidad en inversión total y se encuentra entre las nueve que aumentan la asignación respecto al año anterior. En este caso, un 4 por ciento. Otras comunidades con cuentas abultadas como Castilla y León (1.399 millones) o Cataluña (944 millones) no han corrido la misma suerte. Bajan un 12,1 y un 25,5, respectivamente.

El caballo de batalla de la Junta se centra, sin embargo, en que los casi 1.700 millones se quedan en el 17,3 por ciento del peso poblacional andaluz y no llegan al 17,8 que marca el Estatuto de Autonomía. Hay que recordar que el articulado autonómico contiene en su Disposición Adicional Tercera que las inversiones del Estado en la comunidad deben ser equivalentes al peso de la población durante un periodo de siete años. El Estatuto se aprobó en 2007 y la fórmula fue una copia del Estatuto catalán, aunque este último vinculando las inversiones al Producto Interior Bruto (PIB). La sentencia del Tribunal Constitucional que limó buena parte del Estatut cierra el paso a esta polémica disposición adicional, al dejar claro que una comunidad no puede condicionar las inversiones del Estado pese a que el precepto esté contenido en una ley orgánica, como son los estatutos de autonomía. Además, el Estatuto andaluz recoge en la citada Disposición Adicional Tercera que «la inversión destinada a Andalucía» será equivalente a su población. Esto no quiere decir que la inversión computable sea únicamente la que recibe la comunidad de los PGE. El debate jurídico es intrincado porque existen otras asignaciones estatales que también podrían incluirse en este concepto amplio, y poco acotado, de «inversión». Además, no precisa el Estatuto que el cumplimiento tenga que ser anual.

Con todo, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, amenazó ayer con acudir a la Justicia. «Hay que plantearse acudir a los tribunales, porque tenemos que abordar de una vez por todas si forma parte de las reglas del Estado y del juego el incumplimiento sistemático de una ley orgánica como es el Estatuto de Autonomía». Lo que no aclaró el líder izquierdista es qué vía utilizaría su formación para recurrir los PGE.

En la misma línea, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, señaló que los Presupuestos Generales del Estado están pensados para «asfixiar a las comunidades que, como Andalucía, tratan de mantener el Estado de Bienestar». Las cuentas suponen «una patada» al Estatuto de Autonomía, abundó.

El argumento reiterado del PP ha sido que, con Zapatero, el Gobierno central ciertamente cumplió con el reparto que exigía el Estatuto andaluz. Sin embargo, los números pintados sobre el papel no llegaron a hacerse reales, quedando sin ejecutar entre 2005 y 2010 5.199 millones de euros. No sacó a relucir estos datos ayer el secretario general del PP-A, José Luis Sanz. Sí tildó de «artificial» el debate entre el 17,3 o el 17,8. «Con Zapatero –dijo– Andalucía nunca pasó del 15 por ciento en inversiones reales». Recordó, no obstante, que queda por delante todavía la tramitación de los PGE en las Cortes, proceso en el que los diputados andaluces tratarán de hacer fuerza para «colar» el máximo número de enmiendas posibles con el fin de completar la asignación para Andalucía. La negociación interna será difícil. El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, fue claro ayer cuando le preguntaron por el incumplimiento. El Ejecutivo no ha podido atender a los estatutos de «segunda generación» porque «no hay dinero».

Por otra parte, los fondos de solidaridad se reducen sensiblemente. Andalucía recibirá 497 millones con cargo al Fondo de Suficiencia, un 25,4 por ciento menos. El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) también cae, un 22%. Por este concepto la región recibe 159,3 millones.