La jueza de los cursos entrega al PP grabaciones mutiladas

La representación procesal de los populares vuelve a exigir que se le trasladen «todas» y «completas».

Si los abogados del PP en la «macrocausa» de los cursos de formación, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, logran las copias íntegras de las grabaciones con los testimonios de los interventores de la Junta y los investigados será a base de tesón. La instructora del caso, María Núñez Bolaños, autorizó la entrega de los audios acumulados en las diligencias a través de una providencia fechada el 10 de octubre –que les fue notificada a los letrados el 13–, después de reiteradas peticiones frustradas. La representación procesal de los populares ha podido acceder por fin al material demandado pero lo han hecho después de que la magistrada archivara en un auto fechado el 11 de octubre la pieza política del proceso, la centrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la que había 24 encausados. Y no sólo eso. En un escrito remitido al juzgado, firmado por Fuster y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se asevera que no han recibido todas la declaraciones demandadas y entre las que faltan se encuentran «las declaración de la interventora provincial de Sevilla y la de los investigados». La interventora a la que alude es Victoria López Gutiérrez, quien, según relataron a este periódico fuentes judiciales, ratificó en el juzgado las dificultades que tuvo para elaborar en 2014 su informe sobre las subvenciones a la formación, que ya había narrado en el seno de la comisión de investigación del Parlamento andaluz que ha analizado este supuesto fraude. Aseguró ante la jueza que recibió de la Junta documentación «ilegible», «incompleta» y «desordenada» para llevar a cabo su labor de control, «pen drives» cuyo contenido no fue posible ser rescatado y que, entre otras cuestiones, detectó «expedientes en los que se había excedido el plazo de justificación» del dinero público. Y hay más. La letrada de los populares afirma también en su escrito que algunas de las declaraciones que sí les han trasladado «vienen incompletas». «En concreto –añaden– se cortan los audios de las declaraciones del interventor de Huelva, Miguel A. García Bermúdez y del interventor de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa» que son «fundamentales» para sostener la «tesis mantenida por esta acusación», además de la intervención de «Julio Coca Blanes –el actual director gerente del SAE–».

Una vez expuesta la situación, la representación de los populares en la causa vuelve a reclamar que, «en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva» que recoge la Constitución y del derecho a «un proceso con todas las garantías», se les dé una «copia completa de audio de todas las declaraciones prestadas en las presentes diligencias». Pretenden también que se suspenda el plazo con el que cuentan para poder presentar un recurso de reforma o apelación contra la resolución de Núñez Bolaños en el que ésta acordó dar carpetazo a la pieza política. Un tiempo que, entienden, debe comenzar a correr «una vez» consigan lo que solicitan. Para los representantes legales del PP, el contenido de las grabaciones puede contribuir a determinar si, como ellos defienden y apuntó la jueza que engendró el «macroproceso», Mercedes Alaya, se creó una red clientelar con el reparto de los fondos para financiar los cursos formativos. Una teoría que ya han desechado Núñez y la Fiscalía Anticorrupción.

El desencuentro por las «actas» audiovisuales llegó incluso hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el que los abogados de los populares promovieron en septiembre la recusación de Núñez por su actuación en relación a las mismas. Si bien, el órgano judicial remitió el asunto a la Audiencia de Sevilla que aún tiene que pronunciarse al respecto.