La jueza levanta la fianza de 4,2 millones fijada para Griñán en los ERE

La decisión de Núñez afecta a los encausados en la rama política del “macroproceso”. Fuentes del caso advierten de que puede haber un juicio “vacío” de responsabilidades civiles

La instructora originaria del «caso ERE», la jueza Mercedes Alaya impuso fianzas por un global que superaba los 3.000 millones de euros y que en algunos casos levantaron ampollas. Su sucesora al frente del juzgado, María Núñez, ha decidido ahora levantar una batería de ellas, entre las que se encuentra la de 4,2 millones impuesta por el magistrado de refuerzo Álvaro Martín al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán en el auto de apertura de juicio oral de la pieza del denominado «procedimiento específico» por el que se repartieron las ayudas de los ERE. Antes de elevar a la Audiencia Provincial de Sevilla ese bloque, la rama política de la «macrocausa», la magistrada ha archivado las piezas de responsabilidad civil abiertas como garantía cautelar contra los 26 ex altos cargos investigados en él, entre ellos Griñán y la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, para la que se estableció también una cuantía de 4,2 millones de euros. Con respecto a otro de los encausados, el también ex presidente Manuel Chaves, nunca se inició en cambio una pieza de responsabilidad civil.

La decisión de la instructora llega después de que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico, que ejerce la a acusación particular, comunicase al juzgado a través de un escrito que se reservaba «expresamente» la acción civil para «ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar», es decir, contra los condenados, si los hay.

Con todo, Núñez advierte en sus resoluciones que levanta esas cauciones «sin perjuicio de su mantenimiento para garantizar la responsabilidad civil derivada de hechos investigados en otras piezas» del «macroproceso» de los ERE «si ello fuera procedente». En otras palabras, su medida sólo afectará en la práctica a los encausados que únicamente tengan fianza en la pieza del procedimiento específico, con lo que se mantendrán las medidas cautelares y los embargos trabados a algunos de los ex altos cargos investigados en otras piezas. En esa situación se encuentra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a quien Alaya impuso la causación más alta, 807 millones de euros; o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con 686 millones.

Y hay otra cuestión significativa en los autos de Núñez en los que acuerda los archivos. La jueza apunta en ellos que «queda claro que en nuestro ordenamiento jurídico, el proceso criminal tiene por objeto no sólo la acción penal sino también la civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, salvo renuncia o reserva expresa de los perjudicados por el hecho punible». En ese punto, recuerda que la Junta, como perjudicada, ejercitó como acusación particular la acción penal, «y en consecuencia se entendía ejercitada también la acción civil». Y hay matización: una vez «manifestada su postura procesal de no ejercicio de la acción penal» –el Gobierno andaluz pidió el pasado octubre que se diera carpetazo a esta pieza al entender que ni hay trama criminal ni se creó un sistema para eludir los controles y conceder de forma arbitraria los fondos públicos–, la Junta debería aclarar ahora «su posición en el ejercicio de la acción civil». Esto es, si conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal renuncia o se reserva «el derecho a ejercitarla después de terminado el proceso penal». En este supuesto, como así ha ocurrido en la pieza política de los ERE, «no cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni, por supuesto, por otra acusación distinta al perjudicado», sostiene la magistrada. Fuentes del caso pusieron el foco en este asunto, preguntadas por LA RAZÓN, para avanzar que si la Fiscalía no mueve ficha, se podría dar la circunstancia de «encontrarnos con un juicio, el de la pieza política, vacío de responsabilidad civil», por cuanto el Gobierno andaluz, que es el que ha de reclamarla, ha pedido el archivo.