Admite el recursodel PP andaluz y reclama al SAE los expedientes de los trabajadores.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, rectifica y accede ahora a investigar los presuntos enchufes en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Mediante un auto fechado el pasado 17 de junio, la jueza admite el recurso interpuesto por el PP-A a fin de «examinar los contratos de adjudicación formalizados por la Faffe desde el año 2007 a su extinción». Fue el pasado 3 de abril cuando la magistrada rechazó un recurso planteado por los populares en el que se solicitaban varias pruebas «esenciales», tal y como recordó ayer la secretaria general de la formación, Loles López.

En concreto, Núñez solicita al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte los expedientes de las personas que trabajaron para la fundación desde su constitución hasta su extinción, junto a los documentos relativos al «procedimiento de selección y contratación seguido». Reclama, por ejemplo, copias de los anuncios de publicación de las convocatorias o indicación de los boletines oficiales donde se anunciaron o publicaron dichas convocatorias, copia de las bases reguladoras de los procedimientos, baremos y criterios de selección, además de las resoluciones de las convocatorias y copia de los contratos de trabajo formalizados. También pide las actas de las reuniones del patronato, un informe sobre los integrantes de este órgano y el expediente completo de la liquidación de la fundación.

Núñez firmó este auto un día antes de darse de baja por motivos de salud. Poco después, los seis fiscales Anticorrupción que desarrollan su labor en Sevilla firmaron un documento en el que denunciaban la «pasividad» de la instructora en los casos que investiga. El escrito fue remitido al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón.

López valoró positivamente esta rectificación. «Algo ha cambiado», señaló, además de instar a «poner orden» en el Juzgado de Instrucción número 6, puesto que investiga los casos de corrupción más importantes que afectan al PSOE en los últimos años, como el de los ERE, el de los avales de IDEA o el de la Faffe. «Ha llegado el momento de poner orden para que no prescriban las causas, para que los culpables no se vayan de rositas, para que se recupere el dinero defraudado y para que todos andaluces conozcan la verdad de lo que ocurrió con su dinero», aseguró.

La secretaria general del PP-A lamentó que en dicho juzgado «se dejaban archivar algunas piezas de los ERE o del caso IDEA porque las diligencias de instrucción eran muy lentas» e incluso se archivaban «antes de que llegara el escrito de la UCO».