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La Junta de Andalucía admite la «presión» migratoria y exige corresponsabilidad al Gobierno central

Los 4.098 menores no acompañados que han alcanzado el litoral andaluz ocupan el 70% de las plazas de los centros de acogida

  • La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presidió ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que retomó la actividad tras las vacaciones de verano (Foto: Efe)
    La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presidió ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que retomó la actividad tras las vacaciones de verano (Foto: Efe)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

28 de agosto de 2018. 20:44h

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N. Acedo.  Sevilla. 29/8/2018

Como sigue habiendo mares que mojan como si perdieran sangre, resulta inevitable que la inmigración estuviera presente en la primera reunión después de las vacaciones del Consejo de Gobierno de la Junta que se celebró ayer. «Cuando hay una presión migratoria procedente de África, nuestro territorio es el que está más cercano», admitió la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien reconoció que las costas que han recibido los últimos meses la inmensa mayoría de las pateras «son andaluzas, son españolas y son de Europa. No van a llegar por los fiordos», disparó después del encuentro de trabajo.

La consejera informó al Ejecutivo regional de que «se ha hecho un gran esfuerzo organizativo y presupuestario» y en la etapa estival se han habilitado 451 nuevas plazas de emergencia en todas las provincias de la región para acoger a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que alcanzaron el litoral andaluz, lo que ha supuesto «una inversión de 6 millones de euros» al alza en el «crédito ordinario, que ya era extraordinario», puesto que el año pasado ya tuvieron que aumentarse los fondos destinados a ese fin.

«Ha sido un verano duro», confesó Sánchez Rubio, para detallar que «han llegado pateras» con hasta «solo 100 y 200 menores», de distintas edades, aunque, sobre todo, «de los 14 años para arriba». En conjunto han alcanzado una cifra: 4.098 en 2018, frente a los 895 que se acogieron en 2015, lo que implica que el 70% de la capacidad de los centros de los que dispone Andalucía para menores se dedica a asistir a estos MENA en la actualidad. Dicho de otro modo, de las 3.443 plazas operativas en las 208 instalaciones existentes, abarcan 2.400. Ese baile de números ha hecho que los fondos que la Junta ha derivado a esa materia hayan basculado desde los 17,7 millones en 2015 a los 45,4 de este ejercicio. Y no son ésos los únicos gastos ligados a este colectivo.

«Cuando te llega una patera con 200 menores, lo primero que hay que hacer es llevarlos al hospital a hacerles la determinación de la edad», luego, «los fiscales tienen que hacer un decreto» vinculado a su ingreso en los centros y, «como están aquí, hay que escolarizarlos», detalló la consejera. En definitiva, protagonizan «todo un proceso» con repercusión no sólo en el departamento de Igualdad y Políticas Sociales, sino también en otros como los de Educación, Salud o Justicia, y que se tiene que culminar con unas «garantías» que deben «ser efectivas».

Desde ahí, reconocida la «presión» migratoria, el Ejecutivo autonómico volvió a aprovechar el Consejo de Gobierno pos vacacional para enviar un mensaje alto y claro: «Andalucía hace los deberes y quiere que también los haga el resto de España y la Unión Europea (UE)», condensó su portavoz, Juan Carlos Blanco. En la misma línea, Sánchez Rubio adelantó que el Gobierno presidido por Susana Díaz defenderá en la reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, prevista para el próximo 5 de septiembre, que ésta debe ser una «responsabilidad compartida y solidaria» entre «las comunidades autónomas».

Desveló que el «planteamiento» que han hecho al Ejecutivo central que comanda Pedro Sánchez incluye varías vías de actuación. De un lado, la Junta pretende que se implante una «coordinación territorial para trabajar la solidaridad en cuanto a la atención de los menores», lo que «corresponde, como es lógico, al Gobierno y no a una comunidad autónoma», precisó la consejera, por si hubiera alguna duda. De otro, reclaman «un refuerzo de presupuesto» que compense el mencionado «incremento de crédito que supone un gran esfuerzo» para Andalucía. Y, por último, piden que se modifique «el protocolo de intervención» que en su día firmaron la Fiscalía General del Estado, el Gobierno de España y las comunidades, dado que éste «es homogéneo» y «no establece diferencias en materia de protección», apuntó la consejera. A su juicio, le faltan «matices», cuando éstos se habrían de hacer «en función de las características que tengan estos menores». «No es lo mismo uno de 10 años, que de 15, 16 o 17», afirmó. La Junta confía en que, de cara al futuro consejo territorial, se hayan disipado las «discrepancias» entre regiones. Mientras, la titular de Igualdad afeó el «comportamiento» y las «declaraciones» de «partidos políticos» de la oposición que tildó de «insostenibles y condenables desde el punto de vista humanitario». Llegó a aseverar que «a veces incentivan actitudes xenófobas que hay que cuidar», al hablarse «de menores, de tratados internacionales y de responsabilidad legal».

En cifras

*1.151 plazas de emergencia se han habilitado ya en la comunidad para atender a los menores extranjeros no acompañados.

*12 años es la edad de corte que se ha fijado para derivarlos al acogimiento familiar, en lugar de a los centros.

*4.000 trabajadores integran la plantilla que se encarga en la actualidad de atender a los denominados MENA.

*15 centros de protección de menores ha construido la Junta en Marruecos, «a través de la cooperación al desarrollo».

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