La Junta pagará 362.000 euros a altos cargos que dimitieron

Renunciar al puesto de trabajo y seguir cobrando el mismo sueldo por nada. Esto que parece un contrasentido es de lo que disfrutan los altos cargos de la Junta que optan por dimitir. A diciembre de 2015, última actualización que registra el Portal de la Transparencia autonómico, eran nueve los beneficiarios de estos pagos pese a quedar registrado que se marcharon «a petición propia». Entre todos, suman un desembolso de 362.247 euros en un año.

Juan Carlos Campo, diputado por Cádiz, dejó su cargo para poder concurrir en las listas del PSOE al Congreso. Tomó posesión de su nueva acta en enero. Entre noviembre y febrero le correspondía cobrar 5.386 euros al mes como indemnización.

Con la ex delegada de la Junta en Almería Sonia Ferrer sucedió algo similar: su abandono fue para encabezar la lista electoral de su provincia. El PSOE la recompensó pagándole 4.480 euros mensuales durante tres meses.

Otros dejaron sus puestos a petición propia, como recoge el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Juan Antonio Cortecero renunció en julio a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Eso no impidió que sea recompensado con un sueldo de 5.434 euros al mes durante un año entero. El funcionario de la Junta Antonio Hidalgo López se sumó también a la lista de abandonos; en julio dejó la Secretaría general técnica de la misma consejería, que ocupaba desde septiembre de 2013. Su dimisión no fue obstáculo para que se le reconociera una indemnización de 4.951 euros mensuales durante un año.

Poco antes, en junio, salía de la Junta Luis Nieto Ballesteros, ligado a la Consejería de Economía y Hacienda desde 1995, donde fue secretario general técnico y jefe de gabinete. Con su renuncia puso fin a cinco años como viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. El nombre de Nieto rondó el ámbito judicial porque promovió un acuerdo de la agencia pública IDEA para que se pagara con fondos públicos la defensa a los imputados por el «caso ERE». Su dimisión vino acompañada además por un hecho anecdótico, ya que la Junta se vio obligada a rectificar en el BOJA porque en principio la salida se publicó como un cese por motivos políticos. Una semana después, el BOJA del 30 de junio recogía: «Donde dice: ‘Vengo a disponer el cese de don Luis Nieto Ballesteros como Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, agradeciéndole los servicios prestados’. Debe decir: ‘Vengo a disponer el cese, a petición propia, de don Luis Nieto Ballesteros como Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, agradeciéndole los servicios prestados’».

Manuel Sánchez Galey dimitió como director general de Política Financiera de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el 14 de julio del año pasado, según consta en el BOJA. Se embolsó 5.528 euros mensuales durante cinco meses.

La ex secretaria general de Educación y Formación Profesional Guadalupe Rubio figura también entre los cargos que abandonaron por motivos personales. Lo hizo en noviembre y su compensación fue de 5.057 euros durante tres meses, poco menos del tiempo que desempeñó sus funciones –había sido nombrada el 14 de julio de 2015–.

Las indemnizaciones se extienden también a dos imputados judicialmente como son Francisco Triguero y Mar Villafranca, que dimitieron de sus responsabilidades. El ex director general de Universidades está siendo investigado por aprobar una ayuda de 15,5 millones de euros a un edificio que no existía –el Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano (CIBIC), ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga–. Pese a todo, se le reconocieron once meses a razón de 5.528 euros.

Villafranca abandonó la dirección del Patronato de la Alhambra por el escándalo de las audioguías del monumento, en las que se investiga un posible fraude de 5,4 millones de euros. Pese a su renuncia, le correspondieron 4.904 euros al mes durante un año.

Cien mil euros para los ex consejeros

De los tres consejeros que IU llegó a tener en la anterior legislatura, dos se retiraron de la política. El vicepresidente Diego Valderas y el ex titular de Turismo Rafael Rodríguez se embolsarán 4.186 euros al mes durante dos años, a contar desde la fecha de la disolución del Parlamento para las elecciones del 25 de marzo pasado. El cambio de Gobierno en la Junta trajo consigo también el relevo no solicitado de algunos altos cargos, a los que igualmente corresponde una indemnización en función de su desempeño. Para la ex parlamentaria andaluza Elia Maldonado se establecieron 5.314 euros durante diez meses, tras ser cesada por la actual consejera como secretaria general de Educación, que ostentaba desde 2013. 4.904 euros durante ocho meses es lo que recibirá Rosario Gómez García, ex directora general de Financiación, Tributos y Juego durante tres años. Esperanza Perea cesó como directora general de Espacios Naturales y Participación Ciudadana y percibirá 58.752 euros. Por último, Rafael Martín de Agar (5.139 euros, tres meses) e Ignacio Rodríguez Marín (4.963 euros, siete meses) perdieron sus responsabilidades en las consejerías de Justicia e Interior, y Turismo y Deporte, respectivamente.