La Junta quiere abonar antes definal de año 16.000 salarios sociales

Casi dos millones de andaluces reciben algún tipo de ayuda de las ONG y otras organizaciones sociales, integradas en el denominado Tercer Sector. En los últimos años este colectivo ha visto reducidas las aportaciones de las administraciones públicas a causa de la crisis, una circunstancia que contrasta con el aluvión de demandas de ayuda que ha desbordado a estas entidades. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, quiso ayer apaciguar al colectivo con una reunión en la que se comprometió a resolver los 16.000 expedientes pendientes del llamado salario social. Se trata de una ayuda de 400 euros mensuales, que gestionan las propias organizaciones sociales, durante un periodo máximo de seis meses. A esta cantidad se le suman 51,62 euros por cada miembro familiar, alcanzándose un máximo de 645,30 euros por seis miembros.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, recordó que actualmente se benefician un total de 64.569 personas de este salario, que se ha visto reforzado con 44 millones tras la aprobación en mayo del decreto contra la exclusión social, sumándose a los 70 millones que la Junta presupuestó para este año. «Estamos en condiciones de decir que antes de que finalice el año terminaremos cumpliendo este compromiso», subrayó, al tiempo que recordó que el salario social lo reciben «personas sin rentas, es decir, que no pueden esperar».

«Lo que se está haciendo en estos momentos es movilizar los créditos porque la demanda existe y las valoraciones están», remarcó Sánchez Rubio, además de garantizar que «las comisiones están preparadas, el crédito está y, a lo largo de esta semana que entra, vamos a ir formalizando los pagos.

La consejera aseguró también que estudiará la petición de las asociaciones de participar en la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con políticas dirigidas a la exclusión social, para atender a la parte «más vulnerable de la sociedad andaluza».

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Manuel Sánchez Montero, alertó de que está «en juego» la propia «sostenibilidad» de las asociaciones y confirmó que Díaz se ha comprometido a incluir los intereses financieros en las convocatorias de subvenciones de la Junta que reciben estas entidades.

También acordaron la participación «activa y efectiva» del sector en todos los órganos en los que se adopten decisiones relacionadas con las políticas sociales y la Junta estudiará la petición de la Mesa del Tercer Sector de crear una comisión específica en la que esté representada la sociedad civil «como espacio de diálogo permanente» con la Junta.

Desempleo

Durante el encuentro, tal y como aseguró Sánchez Rubio, también se trataron otros asuntos, como el mantenimiento de la red de servicios sociales públicos, la regulación de la Renta Básica y «todo lo que tiene que ver con situaciones de desempleo». Sobre este punto la organización Cáritas dio la voz de alarma recientemente, denunciando que la Junta había recortado en un 90 por ciento los fondos para los programas de empleo que estaba desarrollando la entidad.

De los 1.080.000 euros recibidos en 2011 se pasó a los 110.000 en 2012. Un total de 7.663 personas participaron en los programas de empleo de Cáritas el año pasado, lo que permitió que 1.442 personas accedieran a un puesto de trabajo. La organización denunció que se están destruyendo puestos de trabajo estables con los recortes.